Familias con niños pequeños que, hoy, ya sobrepasan los veinte años. Abuelos jóvenes, aún en sus seis décadas y que ahora ya están cerca de los ochenta años. Matrimonios recién inaugurados que acabaron en divorcio. Y, por supuesto, gente que ya no está en este mundo. Doce años dan para muchos cambios, sobre todo cuando hablamos de etapas vitales. Bien lo saben las 400 familias que, desde entonces, llevan esperando una luz verde definitiva para ver sus viviendas, en las antiguas Cocheras de Cuatro Caminos, por fin edificadas. «La gente está decepcionada, intranquila... Han tenido que buscar un plan B, si es que lo tenían, porque hablamos de una inversión de 200.000 euros de media», afirma a LA RAZÓN Desirée del Río, afectada y portavoz de los cooperativistas. Ojo: 200.000 euros de entonces, que no son los mismos que los de ahora. «Nosotros, y nuestros ahorros de toda una vida, estamos secuestrados».

No pierden la esperanza, aunque los tribunales se empeñen en negársela. El último, el Supremo. Sobre su mesa estaba pendiente el recurso interpuesto por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y la cooperativa Residencial Metropolitan contra la sentencia de mayo de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esa sentencia aceptaba los recursos interpuestos por Ecologistas en Acción y Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) y anulaba el plan urbanístico para la construcción de más de 400 viviendas en las antiguas cocheras del Metro de Cuatro Caminos.

El laberinto judicial por el que atraviesa –y presumiblemente atravesará– el proyecto es intrincado. Aprobado en 2014, desde su mismo nacimiento ha estado en el punto de mira tanto de ambas agrupaciones como de los partidos de la izquierda. En un principio, porque las cocheras estarían diseñadas por el emblemático arquitecto Antonio Palacios, algo que, según los cooperativistas, nunca se ha demostrado. Y después, por cuestiones relativas a la evalución medioambiental.

La llegada a la alcaldía de Manuela Carmena en 2015 supuso su suspensión, mientras que en 2019, ya con Martínez-Almeida en Cibeles, gozó de un nuevo impulso: además del plan de obras para la construcción de los pisos, con una superficie edificable de 59.000 m2 y una reserva para vivienda protegida del 10%, se construiría una torre de 32 plantas que albergaría alrededor de 70 pisos.

Este último fue el plan recurrido y, ahora, tumbado por el Supremo. El año pasado, el TSJM estimó los recursos interpuestos por Ecologistas en Acción y MCyP, dándoles la razón por la «indebida» consideración de las alternativas del desarrollo urbanístico en su tramitación y evaluación ambiental. Ahora, el Supremo considera que los recursos interpuestos por Cibeles, Sol y los cooperativistas no cumplen con los requisitos necesarios. En el caso de la Comunidad de Madrid, el tribunal señala que el recurso se limita a discrepar de algunos argumentos de la sentencia. Y en cuanto al Ayuntamiento de Madrid, la Sala aprecia falta de fundamentación suficiente y ausencia de interés casacional objetivo.

«No es el fin», afirma tajante a LA RAZÓN Juan José Perucho, presidente de la Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV) y vicepresidente y director general de Grupo Ibosa, entidad promotora. Y es que, si bien el Supremo ha tumbado el actual planeamiento, no significa que no se pueda presentar uno nuevo. «Estamos hablando con el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid para ver cómo enfocar uno nuevo con las máximas garantías jurídicas, teniendo en cuenta las anulaciones», señala. Es más: fuentes municipales señalaban ayer que la sentencia del Supremo «no es firme»: aún falta por resolver un recurso de casación autonómico de la Comunidad de Madrid.

En todo caso, como señala Perucho, las normas urbanísticas están de su lado. El Plan General de Ordenación Urbana es claro: en el solar, situado en las inmediaciones de la glorieta de Cuatro Caminos, está permitido el uso residencial. No en vano, el TSJM lo «ha anulado siempre por cuestiones puramente formales, nunca de fondo».

Los motivos formales, explica, serían, primero, que el ámbito está mal delimitado, para lo cual pidieron una aclaración de sentencia al TSJM; y segundo, para «sorpresa del mundo jurídico», se consideraba que se presentaban pocas alternativas de evaluación medioambiental, basadas en un uso residencial. En total, asegura Perucho, se han presentado cuatro.

El problema, señala, es que las familias están siendo víctimas colaterales de una «batalla política» entre el PP y organizaciones «vinculadas a la izquierda», en relación a Ecologistas y MCyP. «Hay 400 familias que han visto sepultados los ahorros de su vida, y ahora tienen la obligación económica y también moral de que el proyecto salga adelante».

En todo caso considera que la sentencia del TSJM es «incomprensible e inexplicable», así como que el Supremo se «lave las manos», cuando debería sentar jurisprudencia. Y lo es porque, con la actual subida del mercado de la vivienda, con precios cada vez más inaccesibles, no se comprende que se prefiera dejar el «enorme agujero» en el centro de la ciudad que supone el actual descampado de las cocheras. «La reflexión que se hacen los afectados, y el ciudadano que se ponga en su piel, es que el sistema no funciona. Nos hemos visto envueltos en una guerra política que se ha convertido en sangrienta», concluye.