"El uso de armas blancas para la comisión de delitos de extrema violencia sigue abriéndose paso en Madrid, con el riesgo que eso supone para policías y ciudadanos, sin que la Delegación del Gobierno o la Jefatura Superior de Policía hayan sido capaces, hasta la fecha, de diseñar y ejecutar un plan que ataje esos delitos y ponga pie en pared frente a una lacra que soportamos los profesionales de la seguridad pública y, singularmente, los vecinos de la capital", denuncia la Confederación Esspañola de Policía (CEP).

Recuerdan que "el último exponente de este reto frente al que ambas instituciones se muestran incapaces de encontrar solución ha sido la muerte de tres personas -dos de ellas, de 17 y 63 años, en Madrid; otra más, de 54, en Leganés- en las últimas horas y en incidentes en los que el agresor ha empleado armas blancas. Pero por si eso no fuera suficiente, esta misma mañana compañeros nuestros han intervenido en el distrito madrileño de Carabanchel para reducir a un varón que retenía y amenazaba a su madre con dos cuchillos, siendo detenido por atentado contra agente de la autoridad y quebrantamiento de medida cautelar".

Destaca el siondicato que "esos cuatro incidentes en cuarenta y ocho horas demuestran que la violencia mediante el uso de armas blancas se ha convertido en un fenómeno que, lejos de encontrar una respuesta firme y contundente de las instituciones, sigue avanzando y dejando tras de sí heridos y muertos".

Los datos, lejos de cualquier valoración, acreditan que este problema debe ser una prioridad. Así, en 2024 se alcanzó un nivel récord de sanciones administrativas en la Comunidad de Madrid por portar o usar armas prohibidas -tipificadas en el artículo 36.10 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana- con 4.251 multas. Esta cifra ha sido la mayor en ocho años y supone un aumento de un 60,8% frente a la registrada en 2017 en esta región. Además, representa el 14,1% del total de infracciones de este tipo conocidas en España el año pasado".

En la región y capital, el empeoramiento de la seguridad fue claramente superior al experimentado a nivel nacional, en donde hubo un 7,5% más de ese tipo de delitos.

"Reclamamos que tanto Delegación como Jefatura Superior refuercen y potencien los dispositivos frente a las reyertas y el uso de armas blancas, asignando el número suficiente de efectivos policiales y de medios de protección a los compañeros de las unidades más directamente implicadas en el combate frente a la delincuencia violenta: los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC), los Grupos Operativos de Respuesta (GOR), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de Intervención Policial (UIP)", concluyen.