Ayuso llega a un acuerdo con las universidades públicas madrileñas en financiación

Si hay un asunto central por encima de todos sobre el que gira cualquier reforma universitaria es el de la financiación. Es el más controvertido para las universidades públicas, que ya desde 2024 decidieron alzar la voz y visibilizar su situación en un acto público para clamar contra la infrafinanciación: “Estamos en riesgo, no cubrimos los gastos de personal”, alertaban.

Dos años después, los rectores han llegado a un acuerdo con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre financiación, el asunto realmente mollar. Todo ello después de que encallara la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) para regular el sistema universitario madrileño, con propuestas que los propios rectores consideraban “surrealistas”.

El acuerdo se produce 14 días después del cese del exconsejero madrileño de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, sin que haya dado tiempo aún a nombrar directores generales ni viceconsejero, y dos días antes de la comparecencia en el pleno de la Asamblea de la presidenta madrileña para dar explicaciones sobre la destitución. El acuerdo implicaría a los rectores de las seis universidades públicas para poner en marcha un nuevo modelo de financiación plurianual.

El proyecto de ley de universidades madrileñas (LESUC) está hoy más cerca de quedar guardado en un cajón que de llegar al Boletín Oficial de la Comunidad. Las resistencias que ha suscitado han convertido su tramitación en un campo minado. «Espero que la ley no se lleve a tramitación porque no tiene ni pies ni cabeza y no satisface a nadie. No creo que nadie quiera meterse en el lío de una norma tan polémica que no sirve para que las universidades sean mejores», detallaban a LA RAZÓN fuentes universitarias.

Con la ley en punto muerto, el foco se desplazó por completo a la financiación. El acuerdo en esta materia ha sido pilotado por la Consejería de Presidencia, aunque con la presencia en las reuniones de Mercedes Zarzalejo, la nueva consejera, que ha mantenido buena sintonía con los rectores todo este tiempo. Durante los últimos meses ya se venían acercando posturas y mejorando el clima de diálogo y entendimiento solo en este punto, ya que los rectores seguían teniendo reservas en relación con el articulado de la ley y su estructura.

El objetivo de la Comunidad de Madrid sería que, en tres años, las cuentas de las universidades madrileñas estén saneadas. De hecho, el Gobierno autonómico ha reforzado en los Presupuestos un fondo específico (el de convergencia) para ayudar a equilibrar las cuentas de las universidades. Se trataría de que funcionase como un mecanismo de apoyo durante tres años. Una vez saneadas las cuentas, ese dinero dejaría de estar en un fondo aparte para integrarse en la financiación ordinaria. Se trataría, dicho de otro modo, de una especie de colchón económico temporal para tapar agujeros que, en tres años, ya no sería necesario porque ya estarían equilibradas a nivel financiero. Para los rectores, el horizonte final es alcanzar el 1 por ciento del PIB en 2030, tal y como fija la ley estatal de universidades (LOSU).