La "intocable" madrileña del PSOE, condenada por "acoso laboral"

La exalcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, acaba de recibir un nuevo varapalo judicial que no solo la obliga a realizar un desembolso económico de su propio bolsillo por «acoso laboral» a dos trabajadoras municipales, sino que, en la práctica, la inhabilita políticamente. Empieza así a resolverse la madeja judicial en la que se ve envuelta, sin que el PSOE-M la haya relevado de sus cargos como presidenta de la federación socialista de Móstoles en funciones y como portavoz en el Ayuntamiento de la localidad.

La exregidora ha perdido el recurso de suplicación que interpuso contra la sentencia del Juzgado de lo Social de Móstoles que la condenó por vulnerar los derechos fundamentales de dos trabajadoras municipales.

De este modo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles, que condenó a Posse a pagar 7.501 euros de su bolsillo a cada una de las dos trabajadoras del Ayuntamiento que la denunciaron por «acoso laboral», después de reclamar una indemnización de 100.000 euros. Además ha sido condenada a pagar las costas judiciales.

El juez consideró que Posse había «vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva» de las dos trabajadoras municipales y fijó una indemnización total de 15.000 euros «por daños morales». En el fallo judicial se absolvía expresamente al Ayuntamiento, por lo que será la exalcaldesa quien deba afrontar el pago de los 7.501 euros a cada empleada.

Las trabajadoras municipales presentaron una demanda contra la exalcaldesa tras alegar que, en mayo de 2021, cuando Posse ejercía como alcaldesa, fueron apartadas de sus cargos como secretarias en las concejalías de Recursos Humanos y de Servicios Sociales y Mayores de forma «arbitraria e injusta». Ambas fueron relegadas a sus puestos anteriores de auxiliares administrativas, lo que supuso una merma salarial de 330,98 euros en uno de los casos y de 252,24 euros en el otro.

Según expusieron las demandantes, la decisión de apartarlas formó parte de «una represalia» por su participación en una asamblea de afiliados de UGT celebrada el 6 de mayo de 2021, en la que se debatió y votó la continuidad del sindicato en el proceso de negociación con el Ayuntamiento de Móstoles sobre la consolidación y estabilización del empleo.

Las dos demandantes intervinieron en dicha asamblea mostrando su disconformidad con la continuidad de la negociación por parte de UGT.

Poco después, la concejala de Derechos Sociales y Mayores y el concejal de Recursos Humanos, de quienes dependían las trabajadoras, recibieron una llamada de Alcaldía en la que se les solicitaba el cese de ambas para que regresaran a sus anteriores puestos. La propia alcaldesa exigió personalmente el cese a los dos concejales, quienes se negaron inicialmente a ejecutarlo.

La orden de cese se dictó los días 7 y 10 de mayo de 2021, apenas después de la celebración de la asamblea.

Con la resolución judicial, el juez da por probado que la medida fue fruto de una represalia por parte de la exalcaldesa. «La inmediatez en el cese de las dos demandantes tiene su fundamento en el ánimo de represalia de la exalcaldesa del Ayuntamiento de Móstoles», señalaba la sentencia del juzgado de lo social, que añade que no consta que se dictaran decretos en esas mismas fechas que afectaran a otros trabajadores.

En el citado fallo también se apreciaba que las alegaciones de la exalcaldesa no ofrecían «una justificación objetiva para los ceses acordados por decreto de 10 de mayo de 2021». Por ello, el juez concluyó que Posse vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva «en su vertiente de garantía de indemnidad», dado que las dos trabajadoras no podían regresar a sus puestos de secretarias al tratarse de cargos «temporales y transitorios».

No es el único frente judicial pendiente. Está por ver en qué queda el caso ITV, por el que presuntamente perdonó una deuda millonaria a una empresa instalada en la localidad, así como la causa que sostiene que fraccionó presuntamente contratos de obras en colegios para adjudicarlos de forma irregular cuando era edil en 2016.

Sin expedientes y hasta el final de la legislatura

►El Comité Federal de Ética del partido decidió no abrir expediente disciplinario a Posse, pese a haber sido citada a declarar en el caso ITV y en el de fraccionamiento de contratos de obras en colegios. Y eso que el Código Ético del PSOE establece que la apertura de juicio oral obliga a la suspensión de militancia cuando se trata de delitos relacionados con la gestión pública o la corrupción.

Después, el PSOE-M le pidió que se apartara de la primera línea mientras avanzaba el caso ITV. No quería que se presentara a la renovación de la dirección local del PSOE, un asunto que aún está sin resolver, ya que Posse sigue como presidenta en funciones. Ella dice que dejará la política, pero no ahora, sino en 2027, cuando acabe la legislatura.