La vivienda fractura al Gobierno y enfrenta a Sánchez con Madrid

En el inicio del año preelectoral, el Gobierno ha reseteado las promesas de viviendas. Pedro Sánchez regresó a Madrid, con casco de obra y micrófono en mano, para anunciar desgravaciones fiscales a propietarios que congelen el precio del alquiler e intervenir el mercado de corta duración. El presidente volvió a prometer pisos en medio del movimiento de tierras con sus socios de Gobierno. Las «dádivas» a Cataluña gracias al acuerdo con ERC han activado tímidas críticas de Sumar, pero los anuncios en vivienda han desatado la madre de todas las broncas.

Sánchez volvió a Campamento para descargar otra vez su responsabilidad sobre los propietarios, a los que en Podemos llaman «sanguijuelas». «A quienes garantizan vivienda digna les apoyaremos y a quienes especulan con ella les pondremos freno», afirmó. La vivienda, el principal problema para los españoles, se ha vuelto también el de mayor tensión política dentro del Ejecutivo. El anuncio no solo no cerró filas sino que abrió otra brecha con Sumar.

Yolanda Díaz marcó distancias con el PSOE; desde Podemos, Ione Belarra animó a que «ardan las calles en movilización social», mientras otros dirigentes no dudaron en calificar a los propietarios de «especuladores», descalificaciones que van subiendo de tono contra los caseros, sobre los que la izquierda acostumbra a descargar la responsabilidad del problema de quienes gobiernan.

La escena de esta semana es la habitual: Sánchez anuncia, Yolanda Díaz se indigna y los pisos brillan por su ausencia. En la campaña de las autonómicas y municipales de 2023, el presidente encadenó promesas que sumaban miles y miles de viviendas protegidas con participación pública. En 2025 el Gobierno sólo había promovido unas cuantas en toda España. En Madrid, la mayoría en colaboración con el Ayuntamiento. Este desfase entre promesas y ejecución también se vio en Campamento. Sánchez anunció allí 10.700 viviendas que necesitarán años para terminarse.

A las duras críticas de sus socios por lo que consideran «regalos» fiscales a los propietarios, se sumó la polémica con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que no fue invitado al acto en Campamento. La ministra de Vivienda urgió al consistorio a aprobar inmediatamente el plan de urbanización de la Operación Campamento a lo que Almeida respondió que «mientras el Ayuntamiento de Madrid no disponga de esos documentos (memoria de gestión, plan de saneamiento y plan de gestión del agua) no vamos a poder aprobar el proyecto de urbanización», explicó señalando a Moncloa por retrasar trámites imprescindibles para avanzar. El alcalde insistió en que él es el primer interesado en que salga adelante una operación de 10.700 viviendas, pero sin papeles no hay licencias.

El regidor ironizó sobre la foto del acto de la semana, marcada por la presencia de ministros y por la ausencia de la portavoz socialista en el Ayuntamiento. «Todo parece apuntar que este será el ticket electoral para Madrid. Lo siento por Reyes Maroto», lanzó, avivando las especulaciones sobre liderazgo del PSOE madrileño en la capital.

La vivienda no ha sido la única fricción entre Sánchez y Yolanda Díaz. La vicepresidenta también ha expresado dudas sobre el modelo de financiación autonómica pactado con ERC, advirtiendo de que las ventajas concedidas a Cataluña dificultan avanzar hacia la igualdad territorial. Las críticas las hizo antes de que el presidente del Gobierno anunciara la cesión de prestaciones de la Seguridad Social al País Vasco en un nuevo intento de salvar la legislatura.

Los pactos tuvieron respuesta inmediata de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que elevó el tono contra lo que considera una sucesión de privilegios concedidos a los partidos nacionalistas que sostienen al Gobierno. Sobre el nuevo modelo de financiación fue tajante: «No es voluntario, es chantaje, es soborno, es corrupción» cuyo único fin es «perjudicar abiertamente» a Madrid.

La presidenta ha censurado que Sánchez pacte el futuro de todos los españoles con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y lanzó una advertencia sobre el impacto de las cesiones en la vida cotidiana de los madrileños: «No descarto que tengamos verdaderos problemas para que funcionen los servicios públicos», afirmó, vinculando los acuerdos a un posible deterioro de la sanidad, la educación o el transporte en la Comunidad de Madrid, la «más perjudicada» por el Gobierno.

Las palabras de Ayuso resonaron en otra semana marcada de nuevo por los problemas en Cercanías. La estación de Atocha registró retrasos de más de una hora tras el parón de un tren entre Atocha y Mejorada del Campo, una situación que el año pasado fue motivo de contundentes críticas por parte de los ciudadanos y de condena por parte del gobierno regional.

En la semana en la que el CIS de Tezanos constata que la vivienda es la mayor preocupación de los españoles, el Ayuntamiento de la capital intentó contraponer su gestión a la de Moncloa. Almeida anunció los primeros pisos públicos construidos con sistemas 3D prefabricados, un modelo que busca reducir tiempos de ejecución, aumentar la eficiencia energética y ofrecer alternativas constructivas frente a la rigidez de la obra tradicional, como se ha demostrado en otros países. Además, recepcionó la calle 51 de Valdebebas, la última vía pendiente de un desarrollo iniciado hace 28 años, comprometiéndose a acortar plazos en los nuevos ámbitos urbanísticos.

Todo ello mientras los datos desvelan un escenario demoledor: la construcción de viviendas iniciadas en España cae en pleno auge demográfico, la vivienda protegida apenas aparece en las estadísticas y la presión de la demanda sigue intacta. La tensión sube y las soluciones son claramente insuficientes pese a que la vivienda esté en el centro del debate político a un año de las elecciones autonómicas y municipales.

Desde Moncloa intentan construir su escaleta pero los anuncios de Sánchez son ya contraproducentes por falta de credibilidad, y en el PSOE madrileño no aciertan con un discurso propio. Sin una voz clara, la presencia destacada del ministro Félix Bolaños y el delegado del Gobierno en Madrid en el acto de Campamento multiplicó las sospechas de una nueva ronda de selección de candidatos en la capital.

La ausencia de Reyes Maroto y el lugar privilegiado de ambos dirigentes reactivaron las especulaciones internas. Madrid vuelve a asomar como un territorio incómodo para Ferraz, sumido en un proceso permanente de reajuste y búsqueda de liderazgo.

En este contexto, el Gobierno intentó mover ficha con la tecnología y la industria en la persona del ministro para la Transformación Digital, Óscar López. El también líder de los socialistas madrileños anunció que el Ejecutivo incluirá a Madrid en la candidatura conjunta con Cataluña para albergar una gigafactoría europea de Inteligencia Artificial, proyecto que podría movilizar una inversión público-privada de en torno a 4.000 millones de euros y que formará parte de la apuesta española por posicionarse en la vanguardia tecnológica del continente.

El ministro quiso reforzar su papel de cara a una posible candidatura para quitarle la mayoría a Ayuso en unos momentos de escaso protagonismo de su formación en la escena política madrileña. La propuesta fue recogida por el consejero de Digitalización, Miguel López Valverde, que puso en valor el papel de la región pero reclamó más claridad al Ejecutivo. Madrid es «actor fundamental para un proyecto de esta envergadura», dijo tras destacar que la región quiere participar plenamente sabiendo «a qué se compromete y qué se dedica».