La transición energética se ha convertido en una prioridad ineludible, marcada por la urgencia de avanzar hacia un modelo más sostenible, seguro y competitivo. El despliegue de energías renovables, principalmente solar fotovoltaica, eólica y gases renovables como el biometano, se posiciona en el centro de esta transformación, ofreciendo la oportunidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y reforzar la seguridad del suministro, en línea con los compromisos climáticos asumidos por España y la Unión Europea.

Así se contempla en el estudio “Energías renovables: desarrollo e integración social y territorial”, elaborado por el Institut Cerdà, y presentado por la Fundacion Naturgy, que analiza los retos y oportunidades del despliegue de infraestructuras renovables en España desde una perspectiva social, territorial y de política pública.

El documento analiza el contexto climático y energético actual, el proceso de implantación de proyectos renovables y su relación con el territorio, identificando beneficios, barreras y buenas prácticas. Además, pone el foco en la importancia de integrar los proyectos en el territorio y en las comunidades locales como condición imprescindible para avanzar hacia una transición energética eficaz, justa y sostenible.

España, potencia renovable

Según el estudio, España goza de uno de los mayores potenciales de energías renovables en Europa, gracias a sus condiciones naturales y a su capacidad industrial y tecnológica. Los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima proponen una hoja de ruta ambiciosa hacia 2030 y 2050, pero alcanzar estas metas exige desplegar masivamente infraestructuras energéticas, acompañadas de redes, sistemas de almacenamiento y soluciones innovadoras que garanticen la estabilidad del sistema, señala el informe.

Este despliegue, subraya el documento, tiene un impacto directo sobre el territorio y las comunidades locales, especialmente en el ámbito rural, donde se concentran la mayoría de las instalaciones. Las energías renovables generan beneficios económicos, sociales y ambientales, como la creación de empleo, el impulso al desarrollo local y el refuerzo de la autonomía energética; sin embargo, plantean también retos vinculados al uso del suelo, la protección del paisaje y la convivencia con actividades tradicionales como la agricultura y la ganadería.

En consecuencia, la aceptación social y la integración territorial de los proyectos renovables se erigen como factores determinantes para el éxito de la transición energética. El informe pone el acento en la importancia de mantener un proceso continuado de diálogo temprano, transparencia, escucha activa y generación de beneficios tangibles para el entorno. La ausencia de una gestión adecuada del componente social puede derivar en conflictos, retrasos administrativos e incluso la judicialización de proyectos estratégicos que resultan esenciales para alcanzar los objetivos climáticos, subraya.

Voces expertas

Durante la presentación del estudio, Marta Bellera, directora del Área de Gestión de Riesgos del Institut Cerdà, recalcó que el despliegue acelerado de renovables está transformando profundamente el territorio y las dinámicas socioeconómicas locales. “La clave no es solo dónde se implantan los proyectos, sino cómo se planifican, comunican y distribuyen sus beneficios”, afirmó Bellera. El informe advierte que la complejidad administrativa y la falta de aceptación social pueden ralentizar el ritmo necesario para cumplir los objetivos climáticos.

El coloquio posterior reunió a representantes de la administración pública, empresas, análisis territorial y gobiernos locales. Francés Boya, secretario general para el Reto Demográfico, destacó que “la implantación de las energías renovables no responde a una solución mágica ni uniforme, porque hablamos de territorios únicos, con realidades y sensibilidades distintas. El desarrollo debe partir del conocimiento profundo de cada territorio y de lo que esperan sus habitantes”.

Jorge Barredo, director general de Generación Renovable de Naturgy, subrayó la importancia de optimizar el uso del suelo y reacondicionar espacios, asegurando que el entorno pueda recuperarse una vez que finalice la vida útil de las plantas. “Las renovables deben entenderse como una reserva del territorio a largo plazo y no como una usurpación”, apuntó Barredo. Estas instalaciones permiten vertebrar el medio rural, generar empleo y desarrollar actividades compatibles con la agricultura y la ganadería, siempre cumpliendo con exigentes declaraciones de impacto ambiental.

Lluís Inglada, director del Área de Gestión e Innovación del Territorio del Institut Cerdà, defendió que el territorio debe ser un actor activo en los proyectos energéticos, basando la respuesta en la estrategia y la lógica. “La complejidad recae muchas veces sobre los decisores públicos, que son quienes pueden equilibrar intereses individuales y evitar la paralización de proyectos”, señaló Inglada, destacando la evolución de las empresas en la incorporación de elementos sociales y una comunicación más transparente.

Desde el ámbito municipal, José Díaz Ibáñez, alcalde de Tabernas (Almería), puso en valor el papel de los ayuntamientos en el despliegue renovable. Díaz Ibáñez consideró fundamental reforzar la información y la comunicación, además de incrementar el compromiso de las compañías con el empleo local y la restauración de los terrenos tras la actividad, para que la integración de las plantas sea aún más aceptada por la población.

Por su parte, Rafael Villaseca, presidente de Fundación Naturgy, puso el énfasis en la importancia de que la que la transición energética se vea como “un desafío colectivo que no puede abordarse solo desde una perspectiva técnica o regulatoria”. Villaseca insistió en la necesidad de integrar las renovables en el territorio, escuchar a las comunidades locales y generar valor compartido para garantizar la viabilidad de los proyectos y reforzar la confianza social.