La renaturalización del Carmolí evita la entrada de 1.000 toneladas de nitratos al Mar Menor

La colaboración entre las administraciones estatal y regional para lograr la recuperación efectiva del Mar Menor está dando sus frutos, a juzgar por los datos que ha hecho públicos este martes la Comisión Administrativa que evalúa el estado de la laguna salada y que da cuenta de las iniciativas que están llevando a cabo de forma conjunta el Gobierno regional y el ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

La principal de todas ellas es la restauración del humedal del Carmolí, en Los Urrutias, donde ya han finalizado las primeras actuaciones por un valor de 850.000 euros. Así lo ha informado el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, quien calificado esta medida como “una intervención estratégica”, “en uno de los principales enclaves de mayor valor ambiental del entorno del Mar Menor”.

Unas declaraciones que ha hecho en presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien ha señalado que el cese de actividad en unas 9.000 hectáreas de regadío ilegal identificadas en el entorno ha permitido reducir el impacto de las aportaciones de nitratos en unas 1.000 toneladas. Una cifra que ascendería hasta las 2.800 toneladas, si se suman otras medidas que se han ejecutado en la cuenca sur del Mar Menor para evitar la entrada de residuos mineros en la laguna salada, lo que los técnicos denominan “pasivos ambientales”. Según Morán, estas actuaciones habrían tenido un coste cercano a los 58 millones de euros.

Esa sería la primera parte de un plan, que se ha basado en la adquisición de 300 hectáreas que tiene el humedal, gracias a la cual se han eliminado las superficies artificiales de una antigua pista de aterrizaje que había dentro del Carmolí. Según el consejero de Medio Ambiente, estamos hablando de unos 8.000 metros cuadrados de pavimentos retirados para recuperar el suelo natural, lo que ha permitido avanzar en la creación de una futura charca refugio para el fartet (un tipo de pez de pequeño tamaño, que habita principalmente en humedales). A esto hay que añadir, tal y como ha apuntado Juan María Vázquez, los más de 18. 000 los ejemplares de especies autóctonas que se han replantado en esta zona, considerada de especial sensibilidad ecológica.

El consejero de Medio Ambiente también ha informado de que, antes que comience el verano, está prevista la instalación de los denominados fondeaderos ecológicos, que persiguen prevenir daños al ecosistema causados por el fondeo de embarcaciones en el entorno de las islas del Mar Menor, una actividad que perjudica a otras especies típicas de la zona, como la nacra (un molusco bivalvo que se encuentra en peligro crítico de extinción).

Otro de los lugares donde se van a ejecutar actuaciones es en la rambla del Albujón y el denominado canal D-7, uno de los puntos de entrada de contaminación a la laguna salada. De esta forma, el consejero Vázquez ha asegurado que, en colaboración con el ministerio de Ciencia y el llamado ‘Plan Recupera’, se va a llevar a cabo “una compra pública innovadora” para seleccionar dos de los seis proyectos que se van a presentar, para tratar de evitar la entrada de nitratos al Mar Menor. Según Vázquez, el objetivo es “verificar cuál de los dos es más eficiente en el proceso de denitrificación”.

Si hablamos de cifras globales, el Gobierno regional invirtió el pasado año 2025 casi 82 millones de euros en iniciativas concretas destinadas a mejorar el estado del Mar Menor, tal y como estipula la ley de recuperación de la laguna salada, un cifra que asciende hasta los 306 millones, si nos retrotraemos al pasado año 2020. Entre ellas, destacan 33 colectores de pluviales en municipios como La Unión, Islas Menores o Los Nietos. A esto se suman 12 estaciones depuradoras para el tratamiento de aguas residuales, o la retirada el año pasado de casi 9.000 toneladas de biomasa del Mar Menor.

“Prudencia” con el Tajo-Segura

El secretario de Estado de Medio Ambiente también se ha pronunciado sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura, ante las amenazas del Gobierno de Castilla-La Mancha de recurrir nuevamente a los tribunales, si no se aprueban cuanto antes las nuevas reglas de explotación, lo que supondría el recorte efectivo a esta infraestructura hídrica.

A este respecto, Morán ha apelado a la “prudencia” y ha recordado que el proceso está judicializado con hasta cinco sentencias, “algunas de ellas contradictorias entre sí”. Por eso, el secretario de Estado ha dicho que “el Ministerio lógicamente no puede ignorar que la toma de decisiones debe de respetar los tiempos y los calendarios”