Una actuación legítima contra un régimen criminal

El conflicto abierto en Oriente Próximo no es un episodio aislado o una mera escalada coyuntural. Para comprender la actuación de Estados Unidos e Israel es imprescindible atender a la naturaleza del régimen iraní, a su comportamiento durante décadas, a su sistemática vulneración de los derechos humanos y las libertades políticas. A esto hay que añadir el constante fracaso de la vía diplomática. Desde esta perspectiva, la intervención no es un acto arbitrario, sino la legítima respuesta a una amenaza objetiva. Irán no es una democracia imperfecta, sino una república islámica de carácter teocrático en la que la soberanía popular está subordinada a la autoridad religiosa del Líder Supremo. El principio del velayat-e faqih coloca el poder en manos de una instancia clerical que no responde a un control democrático real. Las elecciones presidenciales y parlamentarias son una ficción, ya que el sistema filtra las candidaturas y excluye a quienes no se ajustan a su marco ideológico. Nada que ver con el debate político que existe en las democracias.

La política represiva contra los disidentes es brutal y estructural. Las recientes oleadas de protestas se han saldado con miles de muertos, detenciones masivas y condenas ejemplarizantes. La disidencia es criminalizada, la libertad de expresión restringida y las mujeres están sometidas a un control legal y social incompatible con los derechos humanos. Las ejecuciones, los procesos sin garantías y la persecución de activistas forman parte de un patrón sostenido en el tiempo. Este contexto interno no es irrelevante para la política exterior. Los regímenes autoritarios tienden a proyectar hacia el exterior la lógica de confrontación que aplican en el interior. Cuando el poder se fundamenta en una legitimidad ideológica excluyente, la política exterior suele convertirse en un instrumento de afirmación identitaria.

Más allá de su estructura política, el problema central reside en el papel que Irán ha desempeñado en la región. Durante décadas ha desarrollado una estrategia de influencia indirecta mediante el apoyo a milicias y grupos armados en distintos países. Este patrón ha contribuido a la inestabilidad en varios frentes y ha generado una percepción de amenaza constante en Israel y en los aliados occidentales. Israel, por su propia configuración geográfica y las agresiones que ha sufrido, no puede permitirse ignorar las amenazas potenciales que cuestionen su existencia. La hostilidad de los ayatolas contra Israel es una constante. Su discurso oficial combina el apoyo a grupos armados que atacan a los israelíes, así como el desarrollo de capacidades militares y un programa nuclear que podrían provocar la destrucción de Israel.

Estados Unidos considera que la expansión de la influencia iraní altera el equilibrio regional y amenaza la seguridad de sus aliados. La combinación de ambiciones nucleares, capacidad tecnológica creciente y redes armadas indirectas configura un escenario que, desde la óptica estratégica estadounidense, exige una respuesta. El programa nuclear iraní ha sido objeto de intensas negociaciones durante años. Sin embargo, los acuerdos alcanzados han demostrado tanto su fragilidad como la dependencia de interpretaciones divergentes. La diplomacia presupone confianza mínima y voluntad de integración en el sistema internacional. Cuando un régimen mantiene una retórica hostil y continúa expandiendo su influencia regional por medios indirectos, la credibilidad de los compromisos se debilita. Las negociaciones solo funcionan si ambas partes aceptan límites claros y verificables. Cuando existe la percepción de que los acuerdos se utilizan como instrumentos tácticos para ganar tiempo mientras se consolidan capacidades estratégicas, la diplomacia pierde eficacia. En este contexto, Israel y Estados Unidos han considerado que la acumulación de riesgos había superado un umbral crítico.

La doctrina de la defensa preventiva es controvertida en el derecho internacional, pero desde el punto de vista estratégico la inacción frente a una amenaza acumulativa puede resultar más peligrosa que la acción. Israel, en particular, ha desarrollado históricamente una estrategia orientada a neutralizar riesgos antes de que se materialicen plenamente. No puede ignorarse la dimensión ideológica del conflicto. La hostilidad explícita hacia Israel por parte de sectores relevantes del poder iraní ha sido constante. En política internacional, las intenciones declaradas, cuando se acompañan de capacidades militares crecientes, forman parte del cálculo estratégico. La seguridad nacional se construye sobre la evaluación conjunta de intenciones y medios. En este contexto, la posición del Gobierno español y de amplios sectores de la izquierda ha sido marcadamente crítica con la actuación de Estados Unidos e Israel, pero menos contundente respecto a la naturaleza del régimen iraní. No es equivalente un sistema pluralista sometido a controles institucionales y una teocracia autoritaria que reprime sistemáticamente a su población. España debería mantener una posición firme en defensa de los valores democráticos y de la estabilidad regional. La hipócrita equidistancia moral debilita la coherencia estratégica y es un claro apoyo al autoritarismo iraní. La estabilidad en Oriente Próximo no se logrará mediante ciclos perpetuos de confrontación. La solución estructural pasa por la transformación interna de Irán en una democracia que respete los derechos humanos y renuncie a la hostilidad hacia sus vecinos. La experiencia histórica muestra que las democracias consolidadas raramente se enfrentan militarmente entre sí.

Mientras persista un modelo político que combine teocracia autoritaria, represión interna y proyección regional agresiva, la tensión será recurrente. La comunidad internacional debe aspirar a un escenario en el que el pueblo iraní pueda decidir libremente su futuro, integrarse plenamente en el sistema internacional y vivir en paz con sus vecinos. En ese marco, la actuación de Estados Unidos e Israel puede interpretarse como una respuesta a una estructura de riesgos acumulados y no como una decisión caprichosa. El problema de fondo no es la reacción, sino la persistencia de un gobierno criminal que, por su naturaleza interna y su comportamiento externo, genera inestabilidad estructural. La paz duradera dependerá, en última instancia, de su evolución política hacia un modelo democrático compatible con la convivencia regional y el respeto a los derechos humanos.

Francisco Marhuenda.De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)