Desde ayer y de manera oficial, el sanchismo ya no tiene capacidad alguna de aprobar leyes en las Cortes Generales. La mayoría que permitió investir a Sánchez como presidente del Gobierno –tras haber perdido claramente las elecciones como candidato a la reelección– ya no existe. Fueron 179 votos frente a 171 los que lo hicieron posible el 16 de noviembre de 2023, que ahora han pasado a ser 172 votos a favor del Gobierno frente a 178 en contra. Sin ningún Presupuesto aprobado en esta legislatura y sin posibilidad de hacerlo en toda ella, estamos en presencia de una coalición, cual un presunto gobierno «okupando» de hecho el poder. España es, según la Constitución, una Monarquía parlamentaria con un Estado social y democrático de Derecho, pero pretender gobernar sin poder legislar y careciendo de Presupuestos, es una «contradicción existencial» respecto a lo que es una democracia parlamentaria europea. En estas condiciones, atreverse a afirmar que en el Gobierno «hay tranquilidad absoluta», como ha dicho el ministro Óscar López, es un auténtico insulto a los españoles.

Puigdemont ha querido zanjar cualquier duda respecto a su ruptura de la pasada semana con Sánchez, mediante su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, que ayer anunció que no estamos ante un «ultimátum más», sino que es el definitivo final de su apoyo al Gobierno. Así, expresó la voluntad de Junts de vetar todas las leyes impulsadas por el sanchismo presentando enmiendas de totalidad a todos y cada uno de los 24 proyectos de Ley en tramitación parlamentaria en estos momentos, y de cualquier otro que se pueda presentar en el futuro. La respuesta del Frente Popular sanchista ante este final la resume la mencionada frase del ministro Óscar López, anterior director del gabinete de Moncloa: «tranquilidad», que solo cabe interpretarla en el sentido de que, al no ver viable una moción de censura del PP, Vox y Junts, van a seguir «tranquilamente» instalados en el Gobierno, no para gobernar, sino para «disfrutar del poder». Ciertamente, es una situación inimaginable en una democracia europea, donde, con normas escritas o no, no cabe una situación similar, que aboca sin duda ninguna al jefe del Gobierno afectado a dimitir y convocar elecciones inmediatamente. El daño reputacional a España y a su democracia en el ámbito de la UE y en todo el Occidente político, causado, supera todo lo imaginable. El sanchismo está herido de muerte y de hecho es ya un cadáver político al que solo falta expedirle el certificado oficial de defunción. Los casos judiciales que rodean a su jefe supremo y a «su» PSOE van a convertir ese final en un absoluto baldón progresista.