La situación

De la Corte Suprema y el Constitucional

«Han defendido que no se puede gobernar en democracia mediante decretos e ignorando al poder legislativo»

Hay decisiones que definen a quien las adopta, ya sean personas o instituciones, cuando se trata de fijar posición ante un asunto determinante, con efectos concluyentes.

La Corte Suprema de Estados Unidos tiene la alta responsabilidad de interpretar la Constitución. Sus nueve magistrados lo son con carácter vitalicio. Y, dado que no pueden ser removidos de su cargo, adquieren un enorme grado de libertad cuando han de emitir sentencia, a pesar, incluso, de haber sido elegidos por el inquilino de la Casa Blanca. Solo pueden ser sustituidos cuando mueren o si renuncian voluntariamente. Como consecuencia, hay presidentes que no designaron a ningún magistrado de la Corte Suprema, porque no se produjeron vacantes durante su mandato. El último, Jimmy Carter. Por el contrario, Donald Trump tuvo la suerte de que se produjeran tres vacantes en sus primeros cuatro años en el poder y, por supuesto, eligió a tres jueces de supuesta filiación trumpista.

En este segundo mandato, la Corte Suprema ha avalado algunas decisiones controvertidas de Trump. Pero la alocada deriva autocrática del presidente ha topado, de repente, con un obstáculo inesperado: no solo han votado contra sus aranceles los tres magistrados considerados progresistas, sino tres de los seis conservadores, dos de ellos elegidos por el propio Trump: Neil Gorsuch y Amy Coney Barret. A ellos se ha sumado el presidente de la propia Corte, el también conservador John Roberts. Han defendido que no se puede gobernar en democracia mediante decretos e ignorando al poder legislativo. ¿Les suena? La democracia es separación de poderes, con controles y contrapesos, y no una monarquía feudal.

En cuestión de semanas, el Tribunal Constitucional español debe adoptar una decisión determinante para el país: si avala la amnistía –pactada por Pedro Sánchez y Carles Puigdemont– para quienes fueron condenados en el Tribunal Supremo por los graves delitos cometidos durante el proceso independentista. Se da casi por seguro que la mayoría de magistrados próximos al Gobierno se impondrá a la minoría de conservadores. Pero en el aire queda la duda de cuántos de todos esos magistrados querrá pasar a la historia por dar vía libre a esa amnistía.