Ayer pudimos comprobar que en política se puede ejercer la oposición y, a la vez, participar activamente en la aprobación de leyes que favorecen al conjunto de los españoles o a sectores especialmente desfavorecidos. Lo hemos podido comprobar con el pacto firmado entre el Gobierno y PSOE, al que también se ha sumado Ciudadanos, por el que se prohíben los cortes de luz a las personas y familias más vulnerables. El año pasado, en España se registraron más de medio millón de cortes de luz por impago, según cifras de las compañías eléctricas, que serán las que financien ahora la ley. Se trataba de una demanda social a la que había que dar respuesta de una manera eficaz y que no se limitase a culpabilizar a las suministradoras y al Gobierno. De hecho, existía la fórmula del bono social, que se aplicaba a casi 2,5 millones de consumidores con ingresos bajos –entre los que están familias con todos sus miembros en paro y jubilados con pensión mínima–, aunque dicha norma fue anulada el pasado mes de octubre por el Tribunal Supremo, al considerar que esta tarifa subvencionada no incluía a todas las eléctricas. A raíz del acuerdo alcanzado ayer en el Congreso, el Gobierno quiere que el PSOE colabore en la reforma del bono social para su aplicación, que incluirá un nuevo sistema de financiación. Queda claro que se pueden sacar adelante leyes con un amplio apoyo parlamentario y, sobre todo, con el primer partido de la oposición y, de manera especial, cuando se trata de normas sobre las que debe existir un claro consenso social. Además, en este caso será necesaria la implicación de comunidades autónomas y ayuntamientos, que son quienes deben poner en marcha el protocolo de aplicación de la ley. Por lo tanto, estamos hablando de una normativa de interés general y un ejemplo de que estamos en una legislatura clave para llegar a grandes acuerdos y que se recupere el tiempo perdido después del bloqueo institucional vivido. El papel que Unidos Podemos ha tenido en este pacto es sintomático de su concepción de la política instalada en la protesta, pero que demuestra una gran ineficacia, incluso desinterés, en el trabajo legislativo. La coalición liderada por Pablo Iglesias ha calificado el acuerdo de «paripé» y «chanchullo» entre PP y PSOE. Es exigible un nivel parlamentario más alto y evitar convertir el Parlamento en una tribuna para demagogos, sobre todo cuando se dispone de las herramientas para cambiar las leyes. La actual legislatura ha puesto en marcha una política de pactos que puede resultar una buena terapia para aliviar el desgaste sufrido tras el parón legislativo de un año. Como ejemplos están la aprobación del techo de gasto, el salario mínimo, el acuerdo entre Educación y las comunidades autónomas para reformar la reválida y dejarla sin efecto, la creación de la subcomisión para la reforma educativa y la de violencia de género. Con mucha precipitación se anunció el fin del bipartidismo en nuestro sistema político, cuando ahora está dando muestras de que sigue siendo necesario para mantener la actividad parlamentaria con realismo y criterio. La acusación que la portavoz de Unidos Podemos, Carolina Bescansa, hizo ayer de que el Gobierno estaba «secuestrando la función legislativa» del Congreso suena a mero ejercicio propagandístico. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría respondió que alguien debe evitar el «gasto sin control». Es decir, se puede legislar para el interés general. Sólo hace falta voluntad de acuerdo.