El contrato social de Rousseau ha caducado: en pleno Día de los Derechos Humanos, la realidad demuestra que el poder se ha desplazado y las empresas son ya actores decisivos para garantizarlos.

Cada 10 de diciembre recordamos que los derechos humanos no son una conquista garantizada, sino una responsabilidad que se renueva continuamente. Sin embargo, en este Día Internacional conviene reconocer algo que a menudo incomoda: el marco clásico que atribuía al Estado la función exclusiva de protegerlos ya no refleja el mundo en que vivimos.

El contrato social que imaginó Rousseau fue un pilar conceptual de la modernidad, y la Declaración Universal de 1948 amplió ese pacto moral a escala global. Más tarde, la Agenda 2030 intentó convertir esos principios en metas medibles. Sin embargo, los tres hitos comparten hoy una misma fragilidad: fueron diseñados para un mundo donde los Estados y sus gobernantes eran los únicos actores que tenían poder suficiente para sostener la dignidad humana. Y ese mundo ya no existe.

Hoy, el acceso a la información, la privacidad, las condiciones laborales, la igualdad o la sostenibilidad están directamente vinculados a decisiones empresariales. No se trata de un juicio de valor: es una evidencia empírica. Más del 90% de los datos personales del planeta están gestionados por compañías tecnológicas privadas; las diez mayores multinacionales tienen ingresos superiores al PIB de más de 150 Estados; y las cadenas de suministro globales determinan las condiciones laborales de 300 millones de trabajadores en distintos continentes.

Así, ignorar el papel del sector privado en la protección o vulneración de derechos sería simplemente irresponsable. Y dado que la Declaración Universal nunca imaginó este escenario, y que la Agenda 2030 ha demostrado que la voluntariedad no basta, resulta evidente que la conversación sobre derechos humanos ya no puede centrarse solo en las instituciones públicas: debe incluir necesariamente a las empresas.

En consecuencia, el nuevo contrato social exige corresponsabilidad y liderazgo ético. Las compañías ya no pueden limitarse a “no causar daño”; deben ejercer su influencia con responsabilidad, transparencia y visión de largo plazo.

Esto implica asumir que la debida diligencia es hoy la columna vertebral de cualquier compromiso real con los derechos humanos. La protección no puede depender de reaccionar ante escándalos: requiere prevención, trazabilidad y coherencia. Frente al riesgo, anticipación; frente al conflicto, diálogo.

Del mismo modo, resulta imprescindible que la gobernanza corporativa se alinee con los estándares internacionales. Para las empresas que operan globalmente, los Principios Rectores de la ONU y los marcos europeos no son una recomendación: son el nuevo umbral ético del siglo XXI. Y, además, en aquellos contextos donde los Estados no alcanzan, las compañías pueden y deben actuar como agentes estabilizadores mediante empleo digno, integridad en sus cadenas de suministro y respeto a las comunidades.

En los últimos años, grandes multinacionales han demostrado que proteger los derechos humanos no es una carga, sino una estrategia de sostenibilidad y legitimidad. Unilever ha desarrollado sistemas de debida diligencia y trazabilidad para identificar y abordar riesgos de trabajo forzoso en sectores como el té, el azúcar o los lácteos, con evaluaciones independientes en países como India e Indonesia. Inditex ha desplegado auditorías sociales y procesos de debida diligencia en una cadena de suministro global que abarca miles de fábricas, mapeando riesgos por países y orientando su estrategia laboral a partir de esos impactos. Y empresas tecnológicas como Microsoft y Google han empezado a articular marcos públicos de gobernanza y responsabilidad en inteligencia artificial, vinculando el desarrollo tecnológico con principios de ética y derechos humanos. No son gestos aislados: son señales de un cambio estructural que anticipa ese nuevo contrato social en el que la empresa reconoce su poder y, con él, su responsabilidad.

En este escenario, la Diplomacia Corporativa se convierte en una herramienta imprescindible. No es un concepto teórico, sino una forma de relacionarse con gobiernos, reguladores y sociedad civil desde la corresponsabilidad, convirtiendo la influencia, que siempre ha existido, en un instrumento orientado al bien común. Las compañías que adoptan este enfoque no solo reducen riesgos: contribuyen activamente a un sistema internacional más justo y más coherente con la Declaración Universal y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Y, sin embargo, este cambio no será real si no viene acompañado de una comprensión profunda de lo que significa ejercer poder en el siglo XXI. La empresa que opera globalmente no puede limitarse a medir beneficios, sino que debe medir impactos. No puede analizar únicamente riesgos reputacionales, sino riesgos para la vida y la dignidad de las personas. No puede relacionarse con las comunidades como agentes pasivos, sino como interlocutores legítimos en la construcción de decisiones que les afectan.

Por todo ello, el mensaje que debe resonar hoy es claro: los derechos humanos no pueden depender únicamente del Estado ni del mercado. Necesitan compromiso, diálogo y liderazgo compartido.

Los derechos humanos solo avanzan cuando quienes tienen poder -Estados y empresas- lo ejercen con la misma valentía con la que la ciudadanía exige justicia.

Erika Torregrossa Acuña. CEO de DIPLOCORP. Presidenta de la Sección de Derechos Humanos. Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid