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¿Llevará Jové su «Moleskine» del 1-O?

La mano derecha de Junqueras anotó en su agenda la estrategia de desobediencia y diseñó la futura república catalana. Fue detenido, está imputado y hoy es un negociador clave

Josep María Jové era el número dos de Oriol Junqueras
Josep María Jové era el número dos de Oriol JunqueraslarazonEfe

Josep María Jové, el considerado «ideólogo» del 1-O y actualmente imputado por estos hechos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su condición de diputado autonómico, será uno de los representantes de ERC que se siente hoy en la mesa de negociación con el PSOE para buscar la abstención de los independentistas catalanes que faciliten la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Se la circunstancia de que Jové tenía perfectamente anotado en su agenda «Moleskine» la hoja de ruta y el proceso que debía seguirse hacia la independencia «para alcanzar la República catalana». Anotó en ella todas las reuniones mantenidos con quienes deberían tener un papel relevante en la consecución de ese objetivo, como por ejemplo, con el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver.

Ya en la segunda mitad de 2015 se va más allá y se fijan las cuatro fases que debían seguirse para tal fin: preparación de Estado, reconocimiento de Estado a nivel internacional, estructuras de Estado y medidas sectoriales.

Desde ese año se dieron pasos tendentes a ir adoptando las medidas necesarias y del papel que debía jugar ERC: «Es fundamental que ERC controle áreas clave vinculadas al denominado procés»; y, a la vez, se dejó constancia de la necesidad de una «estrategia definida y de todo lo que implica el proceso a nivel parlamentario, incluso mostrando inquietud ante inhabilitaciones o multas», según detalla la Guardia Civil en el informe elaborado sobre la agenda de Jové.

Uno de los aspectos relevantes que contenía la agenda de este negociador de ERC era todo lo relativo a las «estructuras de Estado», a la necesidad de disponer de ellas para alcanzar el objetivo final: la independencia y la creación de la «República catalana».

Así, en julio de 2015 ya se deja constancia de importancia de contra con un Banco Central y de garantizar la Seguridad, «que debían ser estructuras pactadas pero sin publicidad por prudencia». Mientras menos ruido parecía que iría todo mejor.

Directamente relacionado con lo anterior se consideraba el desarrollo de una Hacienda propia. De hecho, el Parlament aprobó una ley en este sentido que anulada por el Tribunal Constitucional. Se iban cumpliendo taxativamente los planes fijados.

Y, junto al Banco Central y una Hacienda, propia era necesario, para completar el círculo en este área, contar con una Seguridad Social propia, tal como anotó Jové en su agenda el 5 de abril de 2016. Para ello, se fijó una ponencia que tenía el objetivo de «garantizar la protección social integral catalana que giraría en torno a la ley social de la desconexión/procés».

Otro pilar de lo que debería ser la estructura de Estado de la hipotética República Catalana era el sistema educativo; y en este punto se detallaba cómo comenzar a ponerlo en marcha. Así, el 25 de abril de 2016 anota el contenido de una reunión mantenida con Eduard Vallory, presidente del Centre Unesco de Cataluña. Allí se fija una estrategia consistente en no crear nuevas plazas de funcionarios en los próximos seis u ocho años, ya que en ese período estaba prevista la jubilación del 30 por ciento de la plantilla. La conclusión a la que llega la Guardia Civil sobre este punto es que se podría inferir que pretendían «congelar plazas públicas de funcionariado y contratar maestros y profesores pero sin haber definido los requisitos de los candidatos ni la forma de contratación».

Leyes de desconexión

Para que todo lo anterior pudiera fructificar era del todo necesario dotarlo con la necesaria seguridad jurídica, lo que se traducía en la aprobación de las correspondientes «leyes de desconexión», algunas de las cuales se han visto refrendadas por el Parlament y anuladas por el TC.

Sobre esas leyes, los dirigentes que iban a impulsar ese proceso secesionista tenían una preocupación, que no era otra que esa «desconexión» de España gozase de garantías, «no solo jurídicas», y porque «se impulsase la proyección internacional».

En esta apartado adquiría importancia la considerada «Ley fundacional y de sucesión de ordenamientos». Para lograrlo se habían fijado cuatro pasos que deberían seguirse: declaración, proclamación, Ley Fundacional y, finalmente, Ley de Proceso Constitucional. Estos pasos los ha seguido el Govern y el Parlament desde 2017, con la aprobación, entre otras, de la Ley de Transitoriedad Jurídica Fundacional de la República catalana. La agenda Jové no mentía.