Históricamente, los médicos han sido siempre un hueso duro de roer para el poder establecido. A la ministra Ángeles Amador le hicieron pasar las de Caín con una huelga que, para muchos, supuso la puntilla para el último Gobierno de Felipe González. A los sindicatos profesionales que les representaban, agrupados en la CESM, no les temblaba el pulso y también apretaron las tuercas al PP. A José Manuel Romay y a su presidente ejecutivo del Insalud, Alberto Núñez Feijóo, les tumbaron las fundaciones públicas sanitarias, un invento que introducía ciertos elementos de gestión privada en los centros tradicionales, sujetos al derecho administrativo. A Esperanza Aguirre en Madrid le frenaron las jubilaciones forzosas y Juan José Güemes, entonces consejero, tuvo que rectificar. Fueron épocas en las que el neurocirujano Carlos Amaya capitaneaba la nave de los intereses facultativos con precisión milimétrica. Tras él, la CESM sufrió su particular travesía del desierto, víctima de añagazas internas. El punto de inflexión lo marcó Tomás Toranzo durante la pandemia y lo ha continuado ahora Víctor Pedrera, al lanzar enérgicamente a las autoridades el mensaje de que con los médicos no se juega.

Pese a que las disensiones internas subsisten por el ansia de protagonismo de algunos de sus promotores, la CESM ha dado un paso fundamental al plantar cara al Estatuto Marco de Mónica García, un texto esclavista que trata de relegar a los facultativos al rol de meras comparsas. La unidad alcanzada contra este proyecto con los sindicatos que se habían salido del redil supone un golpe en la línea de flotación del Ministerio y puede implicar, como ocurrió con Ángeles Amador, la estocada final para una García que atraviesa sus horas más bajas, víctima de su soberbia y de su inoperancia.