El Gobierno impone a las autonomías dar sanidad gratis a los “sin papeles”

Bajo la altruista y solidaria pátina de la devolver la "universalidad" al Sistema Nacional de Salud (SNS), el Consejo de Ministros aprobó esta mañana el Real Decreto (RD) que garantiza el acceso a atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España sin residencia legal. La norma, una iniciativa del Ministerio de Sanidad de Mónica García y del Ministerio de Seguridad Social, sobre el papel, busca reforzar esta característica del SNS español "eliminando las barreras administrativas impuestas por el Real Decreto-ley 16/2012, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy".

Pese a que la ministra de Sanidad ha sido la adalid de esta norma, Moncloa decidió dejarla "fuera de la foto" en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una muestra más de la cuerda floja por la que camina García, que tuvo que mostrar su entusiasmo por el logro en su perfil de "X".

Según la información difundida por Sanidad, el nuevo real decreto "simplifica los trámites necesarios para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria, que se realizará mediante una declaración responsable". Con este documento, la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. Desde que presenten esta solicitud, se les entregará un documento provisional con el que tendrán acceso a la asistencia sanitaria pública de forma inmediata en todas las comunidades autónomas.

Aquí está una de las primeras trampas, que es que, frente el requisito de que el único documento válido para justificar el tiempo de residencia de más de tres meses fuera el certificado de empadronamiento, ahora este pasa a ser el «documento preferente», pero sería suficiente con otros medios de prueba, como certificados de escolarización o matriculación en centros públicos; informes de servicios sociales o certificados de registro de visitas; facturas de luz, gas, agua, telefonía o Internet.

De este modo, resultará mucho más complicado comprobar la veracidad de los documentos. Por otro lado, dicha "flexibilización" abre la puerta a "legalizar" el turismo sanitario, ya que ya no será necesario demostrar la residencia de más de tres meses en el país para solicitarlo.

La Administración tendrá un plazo máximo de tres meses para notificar la resolución y, si no dan respuesta en ese periodo, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo. Una vez reconocido el derecho, el documento de asistencia sanitaria no tendrá caducidad mientras no se obtenga cobertura por otra vía.

Barra libre sin caducidad

Este es otro de los cambios que incluye la norma ya que, hasta ahora, los dos tipos de documentos de asistencia sanitaria (el Documento de Asistencia Sanitaria para extranjero –DASE– y el Documento de Asistencia Sanitaria para solicitantes de protección internacional–Daspi–) caducaban a los dos años. Barra libre sine die para la asistencia sanitaria en nuestro país.

Además, se establece que las administraciones competentes deberán iniciar el procedimiento de oficio cuando la persona interesada no pueda hacerlo en el primer momento.

Por otro lado, el real decreto amplía el derecho a asistencia sanitaria pública a las personas españolas de origen que viven en el extranjero durante sus desplazamientos temporales a España. Hasta ahora, este derecho estaba limitado a pensionistas o trabajadores y, con el nuevo texto, se extiende a todos los españoles de origen y a sus familiares, incluidos cónyuges, parejas de hecho y descendientes a cargo.

La irregularidad como un derecho

Una de las principales alegaciones presentadas a esta norma por el Partido Popular es que no incluye análisis alguno del impacto económico que puede tener en la maltrecha sostenibilidad del SNS, y, lo que es más grave aún, del impacto asistencial en el aumento de las listas de espera, que llevan años en cifras récord.

"La sanidad española debe atender a quien lo necesite. Pero una cosa es garantizar asistencia y otra muy distinta convertir la irregularidad en un derecho", han señalado fuentes del PP.

"El Gobierno de Sánchez vuelve a confundir deliberadamente ambas cosas. Y lo hace porque su política migratoria parte de una premisa equivocada: considerar normal que haya personas en situación irregular en nuestro país. Ese es el primer problema. El segundo es que pretende ampliar derechos mientras bloquea y tensiona un sistema sanitario que ya está al límite, con listas de espera disparadas, profesionales saturados y comunidades autónomas asumiendo en solitario el peso de la gestión". "Como siempre: el sanchismo invita y otros lo pagan", destacaron.

Pese que hay muy pocas probabilidades de que los socios del Gobierno den luz verde a esta norma, la intención del Ejecutivo queda clara: asegurarse el voto de la inmigración.