La Guardia Civil confirma multas de hasta 30.000 euros por realizar llamadas de emergencia falsas al 062

La Benemérita ha lanzado una campaña de concienciación a través de sus canales oficiales para informar a la ciudadanía sobre las graves consecuencias que puede acarrear la realización de avisos falsos a los servicios de emergencia.

En este contexto, han detallado el funcionamiento de la centralita del 062, que opera de manera ininterrumpida durante todos los días del año para atender las solicitudes de auxilio de los ciudadanos.

Cada comunicación que llega hasta este servicio queda automáticamente registrada, permitiendo a los agentes identificar al interlocutor, almacenar la conversación y determinar con precisión el lugar desde el que se efectúa la llamada gracias a los sistemas de geolocalización integrados.

Esta capacidad técnica permite a la Guardia Civil verificar la veracidad de los avisos y, en caso de detectar una alerta falsa, iniciar el procedimiento sancionador correspondiente.

El sistema de rastreo del 062 permite detectar llamadas falsas

La normativa que ampara estas sanciones es la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que tipifica como infracción grave aquellas acciones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia.

La ley considera especialmente relevante el hecho de que una llamada falsa pueda provocar o incrementar un riesgo para la vida o la integridad de las personas, así como causar daños en los bienes o agravar las consecuencias del suceso que motiva la actuación de los equipos de emergencia.

Los agentes han subrayado que movilizar patrullas, medios materiales y recursos humanos para atender un aviso que resulta ser ficticio puede tener como consecuencia directa la desatención de una emergencia real que esté ocurriendo simultáneamente en otro punto.

Las sanciones económicas establecidas en la citada ley se estructuran en tres tramos diferenciados en función de la gravedad de la conducta.

El grado mínimo comprende multas desde 601 hasta 10.400 euros, mientras que el grado medio abarca sanciones de entre 10.401 y 20.200 euros.

El grado máximo, reservado para las circunstancias más agravantes, contempla penalizaciones que van desde los 20.201 hasta los 30.000 euros. La Guardia Civil ha enfatizado que el titular de la línea telefónica desde la que se realiza la llamada es el responsable último del uso que se dé al dispositivo, por lo que debe extremar las precauciones para evitar que se produzcan este tipo de incidentes.