Es oficial: la Ley de Arrendamientos Urbanos confirma que es tu casero quien debe revisar la caldera

Cuando se firma un contrato de alquiler, lo habitual es que el propietario asuma los gastos necesarios para mantener la vivienda en condiciones adecuadas: reparaciones estructurales, problemas de fontanería, averías eléctricas o cualquier intervención que afecte a la habitabilidad. El inquilino, por su parte, se hace cargo de los gastos cotidianos y del desgaste derivado del uso normal del inmueble. Sin embargo, hay un terreno gris que genera dudas recurrentes: ¿quién debe pagar la revisión de la caldera?

La Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, en su artículo 21, es clara: el arrendador está obligado a realizar, sin subir la renta, todas las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad. Solo queda excluido aquello que se deteriore por un mal uso del inquilino, tal como recogen los artículos 1563 y 1564 del Código Civil.

La ley también especifica que las pequeñas reparaciones derivadas del uso ordinario corresponden al inquilino. Esto incluye arreglos menores, sustituciones de elementos de desgaste o incidencias que no afectan a la estructura ni a la habitabilidad. Pero la revisión de la caldera no entra en esta categoría: no es un “desgaste”, sino una obligación periódica para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la instalación.

Según la aseguradora OnLygal, que interpreta la normativa aplicable, la revisión obligatoria de la caldera forma parte del mantenimiento que debe asumir el propietario, igual que pintar la vivienda, sustituir electrodomésticos averiados o reparar instalaciones esenciales. La razón es sencilla: la revisión es una medida preventiva para asegurar que la vivienda sigue siendo habitable y segura, por lo que entra dentro de las obligaciones del arrendador.

¿Y si la caldera se estropea por mal uso?

Aquí sí cambia el escenario. Si el inquilino utiliza la caldera de forma incorrecta —por ejemplo, forzándola o superando la carga recomendada— y provoca una avería, deberá asumir el coste de la reparación. La clave está en determinar si el daño procede del uso normal o de un uso indebido.

Los expertos insisten en que el contrato debe detallar con claridad qué gastos corresponden a cada parte. Aunque la ley establece un marco general, un contrato bien redactado evita conflictos y facilita la convivencia entre propietario e inquilino.