Preocupación ante el auge de la violencia contra los menores: crece un 37%

El hecho de que solo el 8% de los casos de violencia ejercida sobre un menor fueran notificados desde el ámbito sanitario ha hecho pensar a los responsables de Sanidad que quizás se deba a la mala adaptación de los sistemas de notificación. De ahí nace la idea de crear un nuevo Protocolo Común de Actuación Sanitaria frente a la Violencia en la Infancia y la Adolescencia, que se expondrá en el próximo Consejo Interterritorial de Salud. Esta propuesta tiene como objetivo prevenir y detectar mejor los posibles casos y dar una respuesta eficiente, multidisciplinar y, sobre todo, lo antes posible dado que se trata del bienestar de un menor.

El nuevo protocolo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, es un documento de 60 páginas que fue aprobado por la Comisión frente a la Violencia en Niños, Niñas y Adolescentes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Covinna) en diciembre del año pasado aunque las últimas modificaciones se han introducido el pasado 1 de abril.

Lo primero, es importante saber qué es violencia sobre el menor, ya que no es solo la física, sino también la emocional o sexual, muchas veces más complicadas de detectar. Según lo define la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, se refiere a «toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital». Este último punto es importante ya que en los últimos años se han multiplicado el acoso a menores a través de redes sociales.

Así, el protocolo pretende unificar la respuesta en el ámbito sanitario y las principales novedades están en torno a la intervención; lo que abarca desde la detección precoz, el diagnóstico diferencial, la valoración (definir gravedad clínica y riesgo de desprotección), tratamiento de consecuencias físicas, psicológicas y sociales de la violencia, además del seguimiento, acompañamiento y apoyo en atención primaria con interconsultas a otras especialidades.

También contempla un importante paso: la notificación del caso detectado a servicios sociales (en todos los casos) y a otros organismos, según el caso: juzgado, Fiscalía, Policía o Guardia Civil con sus grupos de menores especializados (Grume, UFAM y Emume).

En cualquier caso, el principal objetivo es comunicar la situación y ofrecer una atención terapéutica integral ya que las repercusiones que puede sufrir el menor varían en función la situación de violencia sufrida. La más común, se debe a negligencia (fueron el 42% de los más de 21.500 casos detectados en 2021). La violencia emocional fue la segunda más común (el 30,7% de los casos, seguida de la violencia física (casi el 20%), y la sexual (el 9,59% de los casos). Si bien esta última es la menos habitual, la cifra supuso un incremento del 133% en comparación con el año anterior, lo cual resulta muy preocupante. Y eso que la cifra global del Registro Unificado de maltrato Infantil (RUMI) ya es bastante seria. No solo porque esos 21.521 casos notificados suponen ya un 37% más que en el año 2020, sino porque las autoridades sanitarias consideran que, en realidad, se trata de una problemática infradiagnosticada. De ahí que hayan querido trasladar a las comunidades autónomas este protocolo conjunto para que los profesionales sanitarios sepan detectar algunas señales, muchas veces, imperceptibles para cualquier otro profesional.

En este sentido, el ánimo del nuevo protocolo es garantizar «entornos seguros, amigables y respetuosos» para los menores, una coordinación entre especialidades (es imprescindible evitar la revictimización) y, muy importante, formar a profesionales para atender a ciertos detalles que puedan sugerir información en este sentido. Y es que, la identificación de una posible situación de maltrato no siempre es fácil porque las lesiones compatibles con maltrato pueden deberse a otras causas y las manifestaciones de la víctima a veces son relatos poco coherentes o contradictorios, algo propio de una víctima.