Tras la acusación en televisión de los padres de Sandra Peña, la Fundación Educativa Mary Ward reafirma su apoyo a la comunidad educativa de Irlandesas Loreto

El caso de Sandra Peña, cuya familia ha denunciado en 'Espejo Público' una situación prolongada de acoso escolar, sigue generando un fuerte impacto social mientras avanza la investigación. Sus padres recuerdan a la menor como una niña alegre, deportista y con un entorno social activo, lejos del perfil habitual que suele asociarse a las víctimas de bullying. Sin embargo, relatan que todo cambió cuando la joven confesó estar sufriendo insultos reiterados sobre su físico y su orientación, una situación que, según sostienen, se mantuvo durante meses sin una respuesta eficaz por parte del centro educativo. Aseguran que, pese a haber informado al colegio y solicitado medidas concretas, estas no se aplicaron de manera efectiva, permitiendo que el problema persistiera. La familia insiste en que Sandra regresó a clase confiando en que la situación estaba resuelta, pero se encontró con el mismo entorno hostil. En este contexto, denuncian una falta de actuación ante señales de alerta graves, como autolesiones o incluso una carta de despedida, lo que les lleva a resumir su experiencia en una acusación contundente: que desde el centro "no hicieron nada".

Frente a estas acusaciones, la Fundación Educativa Mary Ward, responsable del colegio Irlandesas Loreto, ha respondido públicamente mostrando su respaldo a toda la comunidad educativa y defendiendo la labor de su equipo directivo y docente. En su comunicado, la institución expresa su respeto por la memoria de Sandra y el dolor de su familia, al tiempo que agradece las muestras de apoyo recibidas por parte de organizaciones educativas, sindicatos y familias vinculadas al centro. La fundación subraya su confianza en que la investigación en curso permita esclarecer los hechos y despejar cualquier duda sobre la actuación del colegio, insistiendo en que la protección y el bienestar del alumnado han sido siempre su prioridad. De este modo, mientras la familia reclama justicia y denuncia una supuesta inacción ante el acoso, la institución se mantiene firme en la defensa de sus profesionales y en la confianza en el proceso judicial para determinar responsabilidades.