Astilleros: Navantia prepara un duro ajuste

Ultima un plan de viabilidad por la falta de carga de trabajo que afectaría a los trabajadores mayores de 55 años. La medida incumbiría a 1.400 trabajadores en el peor de los escenarios.

Después de acometer una reorganización de su estructura directiva para, en palabras de la propia empresa, impulsar su negocio y sus resultados, Navantia prepara ahora una reestructuración de su plantilla para ganar eficiencia. Según aseguran fuentes solventes, la compañía estatal de construcción naval está ultimando la salida de aquellos trabajadores más veteranos, los mayores de 55 años. La medida afectaría a unos 1.400 trabajadores de los aproximadamente 5.500 con los que cuenta en este momento la compañía en el peor de los escenarios, según estas fuentes. Además, los planes de la dirección de Navantia contemplarían también una rebaja salarial del 20% para los trabajadores. El programa no incluye el cierre de ninguno de los centros de trabajo con los que la compañía naval cuenta en Cádiz, Ferrol y Cartagena.

Fuentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria del 100% de Navantia, aseguran que no se producirá un ajuste drástico y que sus planes pasan exclusivamente por rejuvenecer las plantillas, que tienen una edad media muy elevada, tal y como ha explicado públicamente su presidenta, Pilar Platero. No obstante, más allá de la edad, hay otro motivo que habría empujado a la compañía a plantearse estas salidas: la falta de trabajo en los centros. Fuentes sindicales reconocen esta escasez de proyectos en algunas instalaciones, como el astillero de San Fernando de Cádiz, y la incertidumbre sobre futuros contratos que existe. La principal fuente de preocupación es ahora mismo el contrato para la construcción de cinco corbetas encargadas por Arabia Saudí, que sigue en el aire. Aunque a principios de año se daba por hecho, los meses han pasado y el compromiso no ha sido todavía rubricado por el país árabe. Y ello a pesar de que el presidente de Navantia, Esteban García Vilasánchez, se desplazó a principios de mayo a Riad para desbloquear la situación y aseguró que Arabia Saudí sigue muy interesado en los barcos.

La construcción de estos cinco buques de guerra, junto al apoyo completo durante su ciclo de vida y la adecuación de las instalaciones de Arabia Saudí para operarlos, se antoja vital para el futuro de la compañía. El contrato está valorado en 3.000 millones de euros y daría trabajo a 2.000 trabajadores de los astilleros de Ferrol y Cádiz al menos los próximos cinco años. En San Fernando se ubica una de las dos instalaciones que la empresa tiene en la provincia gaditana. Sus trabajadores llevan meses movilizándose para reclamar carga de trabajo de la que ahora mismo no disponen. La última fue el 22 de junio.

Que la plantilla de Navantia está sobredimensionada es algo que ha reconocido el propio Gobierno. En una respuesta parlamentaria enviada en marzo pasado al diputado de Ciudadanos Javier Cano Leal, el Ejecutivo reconocía que Navantia tiene «desequilibrios de plantilla» y que, por tanto, iba a ser preciso «aplicar medidas de organización y racionalización industrial que permitan alcanzar los objetivos de máxima eficacia y rentabilidad». La respuesta habla de poner en práctica «medidas laborales, pactadas y negociadas con los representantes de los trabajadores».

Las cuentas de Navantia vienen arrojando abultadas pérdidas en los últimos años. El ejercicio 2015, el último del que se conocen datos, se saldó con unos números rojos de 160 millones de euros. Según los sindicatos, el año pasado habría sido peor, con pérdidas que rondarían los 300 millones. «Navantia tiene una cartera de trabajo insuficiente para el tamaño de su plantilla», insiste una fuente conocedora de la compañía. A la Sepi, añade, Navantia le consume anualmente 200 millones de euros de tesorería, lo que supone una pesada carga para la sociedad pública.

Una de las vías que tendría el astillero para adecuar su estructura a su carga de trabajo sería cerrar alguno de los centros de producción con los que cuenta. Ningún político, sin embargo, se atreve a dar este paso porque al tratarse de factorías vitales para la economía de las zonas en que se encuentran, un cierre tendría un evidente coste político para el que tomase la decisión, razona esta fuente.