El Gobierno quiere ahorrar 58.500 millones hasta 2018

El Gobierno planea ahorrar 58.500 millones de euros de gasto público entre 2015 y 2018 si gana las elecciones, una cifra similar a la suma de los presupuestos de los ministerios de Fomento, Empleo y Defensa.

El Gobierno planea ahorrar 58.500 millones de euros de gasto público entre 2015 y 2018 si gana las elecciones, una cifra similar a la suma de los presupuestos de los ministerios de Fomento, Empleo y Defensa. Al menos, ése es su compromiso con los inversores extranjeros. Según los datos de la presentación «Reino de España» correspondiente a junio –el documento que Economía y el Tesoro Público muestran en los «roadshows» que realizan–, el Ejecutivo del PP prevé lograr una reducción gradual y descendente de los desembolsos de capital público de entre 17.700 y 11.800 millones anuales en los próximos cuatro años, incluido el presente ejercicio. Con este mensaje, pretende dar continuidad a la política de austeridad utilizada para cuadrar las cuentas públicas.

Las partidas que mayor ajuste registrarán en el citado periodo serán las transferencias sociales y los subsidios, con un ahorro total de 24.800 millones de euros en los cuatro años, gracias al descenso del desempleo. De hecho, la estimación se realizó con la previsión de puestos de trabajo generados por un crecimiento del 2,9%, por lo que la caída podría ser incluso superior con la reciente revisión del alza prevista del PIB al 3,3% para este año. Cuanta más gente encuentre trabajo en los próximos años, menos deberá destinar el Estado a prestaciones.

Tasas de reposición

Las otras dos partidas que proporcionarán ahorros importantes a la Administración serán el capítulo de personal de la Administración y los consumos intermedios, con un ajuste conjunto de 22.600 millones de euros. En el primer caso, el Ejecutivo considera que las bajas tasas de reposición (10% con carácter general y 50% en áreas como la Agencia Tributaria, Sanidad o Educación) prolongarán el descenso en el número de empleados públicos, por jubilación de efectivos, en los próximos años. No obstante, si el Gobierno aplica la devolución del 75% restante de la paga extra suprimida en 2012, el retroceso de los desembolsos por esta partida será menor.

En lo que respecta a los consumos intermedios, el ahorro vendrá fundamentalmente del gasto de las comunidades autónomas (CC AA) en tecnología sanitaria y en medicamentos. Hacienda y Moncloa llevan varios meses negociando con las patronales del sector una racionalización de los desembolsos en estas partidas, que en ningún caso crecerán más de lo que lo haga el PIB.

El planteamiento del Ministerio de Hacienda para lograr eficiencia es que el gasto en fármacos y en tecnología médica crezca menos que la riqueza nacional. Además, pretende que el capital que se ahorre por esta vía no se quede en poder de los fabricantes, sino que contribuya a atajar el déficit de las regiones, a la postre prestatarias de estos servicios sociales. De esta manera, llegarían al mercado todas las innovaciones terapéuticas relevantes, pero aquellas que apenas aportan diferencias con respecto a otras ya existentes llegarán con un precio más bajo.

El coste del servicio de la deuda, por su parte, caerá en 9.000 millones de euros gracias al descenso de los intereses de bonos y Letras. El Gobierno ha calculado el ahorro en esta partida con un rendimiento medio de los títulos a diez años del 1,3% este año, del 1,4% el año que viene y del 1,1% tanto en 2017 como en 2018. Actualmente, estos bonos pagan un cupón del 2,21% en el mercado secundario.

Reducción gradual

El volumen anual del ahorro de gasto público será descendente y este año el Ejecutivo prevé lograr 17.700 millones de euros (el 1,63% del PIB), según la presentación del Tesoro Público. De la cifra anterior, el ajuste principal corresponderá a las transferencias y subvenciones, cuyo desembolso se reducirá en 8.700 millones (un 0,8% del PIB) gracias a un menor número de perceptores de la prestación por desempleo.

En segundo lugar, el Estado prevé reducir en 5.400 millones (el 0,5%) el gasto en salarios de empleados públicos –jubilaciones y baja tasa de reposición– y en gasto en fármacos y tecnología sanitaria. De los 3.600 millones restantes, 2.200 procederán del ahorro en intereses de la deuda y otros 1.100 millones, de la inversión. Este último capítulo quedará congelado desde 2016.

El año que viene, el ahorro de gasto público será 2.500 millones inferior al registrado en el ejercicio precedente. En concreto, y si el PP gana las elecciones, el año que viene el Gobierno pretende ajustar 15.200 millones (el 1,36% del PIB previsto para ese año). De la cifra total 4.500 millones (0,4% del PIB) saldrán por el freno a la reposición de funcionarios y consumos intermedios, mientras que transferencias y subsidios precisarán de 6.700 millones (0,6% del PIB) menos. El coste de los intereses de la deuda caerá en 3.300 millones menos (0,3% del PIB), según la hoja de ruta.

En 2017 el ajuste ascenderá a 13.800 millones de euros (el 1,21% del PIB previsto), de los que 6.900 millones (el 0,6%) corresponderán a transferencias y subsidios y otros 4.600 millones (el 0,4%), a empleados públicos y a consumos intermedios. Los intereses de la deuda caerán en otros 2.300 millones. Finalmente, en 2018 el ajuste total rondará los 11.800 millones.

Evolución de la recaudación

Por el lado de los ingresos, el Ejecutivo prevé menos cambios que en el gasto público y, pese a la mejoría económica y la evolución de los últimos meses, se muestra muy conservador en sus predicciones. Así, este año pronostica recaudar apenas 1.100 millones de euros más (un 0,1% del PIB), principalmente por la vía de los impuestos indirectos (IVA y Especiales, sobre todo). Los tributos directos y de capital (IRPF y Sociedades, entre ellos) cerrarán el año en negativo por la reforma fiscal, mientras que Patrimonio y cotizaciones sociales no sufrirán variación alguna.

No obstante, la presentación del Tesoro se publicó antes de que Rajoy anunciara que la segunda fase de la rebaja del IRPF se adelantará al presente mes de julio, por lo que no incluye los 1.500 millones que dejará de ingresar el Estado con los nuevos tipos ni el aumento de la recaudación derivado del alza del consumo.

En 2016, el Ejecutivo prevé una caída de los ingresos del 0,2% del PIB (2.200 millones de euros), también provocada por la bajada de impuestos directos de la reforma fiscal. Los directos mantendrán el alza del ejercicio precedente (el 0,1% del PIB), mientras que el tributo de Patrimonio recaudará 1.100 millones menos.

En 2017, ya sin los efectos de la reforma fiscal anunciada en 2014, el Ejecutivo prevé ingresar un 0,35% del PIB más. Ello dejará en las arcas del Estado unos 4.000 millones de euros adicionales, con aumentos generalizados en todos los grandes grupos impositivos. Por último, los tributos directos guiarán el incremento de la recaudación en el último año de la hoja de ruta, con una previsión de 1.200 millones adicionales.

Los cálculos anteriores se han realizado con las previsiones PIB incluidas en la presentación, con incrementos del 3% tanto en 2015 como en 2016 (1,087 y 1,118 billones de euros, respectivamente) y del 2,9% para 2017 y 2018 (1,152 y 1,186 billones).

El déficit caerá al 0,3%

Con la previsión de ahorro de gasto público de 58.500 millones de euros entre 2015 y 2018, complementada con el aumento de recaudación de impuestos gracias a la recuperación económica, el Gobierno considera que la Administración será capaz de recortar su déficit público al 4,2% del PIB este año, al 2,8% en 2016 (ambos, en línea con lo pactado con Bruselas), al 1,4% en 2017 y al 0,3% en 2018. En total, el «agujero» del Estado se habrá reducido en unos 54.000 millones de euros en el citado perido, aproximadamente, frente al que se registró en 2014, de 60.187 millones de euros (5,69% del PIB).