La hija de Conde «coordinaba» la trama para blanquear 13 millones de Banesto

El ex banquero, que vuelve a prisión, utilizó también a su hijo para instrumentar la red «defraudatoria» y repatriar los fondos.

Ocho años después, Mario Conde volvió ayer a la cárcel. Pasadas las siete de la tarde, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó a instancias de la Fiscalía, por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, la prisión incondicional del ex banquero, investigado por el supuesto blanqueo de al menos 13 millones de euros en los últimos quince años, procedentes, según Anticorrupción del saqueo de la entidad que presidió entre 1987 y 1994.

Pedraz adoptó la misma medida para el abogado Francisco Javier de la Vega, a quien considera «una pieza fundamental» de la presunta trama, y en el caso de la hija de Conde, Alejandra, que se encargaba de la «codirección» de la red, sustituyó la prisión por un arresto domiciliario por motivos familiares. Su otro hijo, Mario Conde Jr., quedó en libertad, aunque, como los otros cuatro detenidos que pasaron ayer a disposición judicial, tendrá que entregar el pasaporte, no podrá salir de España y deberá comparecer en la Audiencia Nacional una vez por semana. A todos ellos el magistado les imputa ocho delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, frustración continuada de la ejecución de sentencias y ocho delitos contra la Hacienda Pública. Hoy declarará ante el juez el último detenido, el yerno de Conde, Fernando Guasch, que quedó en libertad tras los registros del pasado lunes.

En su resolución, el magistrado sostiene que existen indicios de que el ex banquero, a través de la «ocultación de su patrimonio» y de un conjunto de testaferros de su círculo íntimo (entre ellos hasta un profesor de esquí), habría logrado «eludir de manera continuada el pago íntegro de las responsabilidades pecuniarias» aparejadas a sus condenas –que sumaban 26 millones, de los que la Justicia únicamente ha recuperado 11,9– y eludir su deuda con Hacienda de 10.049.161 euros.

A través de «maniobras que seguiría realizando en la actualidad», repartidas por una decena de países (Suiza, Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Emiratos Árabes, Italia, Islas Vírgenes, Curaçao), el ex presidente de Banesto se dedicó desde 1999 a interponer una sucesión de «sociedades pantalla» que le permitieron dejar fuera del alcance de la Audiencia dos fincas decomisadas judicialmente («Can Poleta» y «Los Melonares») y beneficiarse «de grandes cantidades de dinero» con destino a sociedades controladas por él (Galloix Holding, Dryset y Higher) y las tres principales empresas pantalla con las que habría blanqueado el dinero en España (Barnacla, Oleificio y Black Royal Oak). Así consiguió «hacer opaca a las autoridades judiciales» su «real fortuna».

Entre los indicios incriminatorios que ha tenido en cuenta Pedraz para enviar a prisión a Conde es «significativa» la documentación intervenida a su hija: un gráfico que «confirmaría en gran parte la estructura societaria ideada» por su padre. Asimismo, las declaraciones de una de las supuestas testaferros, María Cristina Fernández Álvarez, «confirmarían en gran parte la estructura de la organización», el papel de las distintas sociedades y la «clara intervención en la dirección» de Mario Conde y su hija, «con el activo asesoramiento y participación» del abogado De la Vega, que según resalta el magistrado habría ganado peso en los últimos años como mano derecha del ex banquero en detrimento del encargado de gestionar su patrimonio cuando estuvo en prisión, Francisco de Asís Cuesta.

A través de su entorno más cercano, Conde habría llevado a cabo una continuada actividad de blanqueo, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la UDEF, por la que habría ingresado 2,2 millones en ingresos en efectivo y 10,7 en transferencias de cuentas bancarias en el extranjero. En total, 13.062.322 euros. Esos montantes se canalizaron a través de las tres empresas de las que se habría servido para el blanqueo: Barnacla, Black Royal Oak y Oleificio.

El juez Pedraz, en un extenso y minucioso auto, detalla la organización de la supuesta trama en cuya cúspide sitúa a Mario Conde. Debajo se situaba su hija Alejandra, «quien coordinaría con éste la operativa desarrollada». Su hijo, Mario Jr., fue «utilizado para instrumentar la trama defraudatoria», sirviendo «a los intereses y beneficios de la organización». Aunque en los últimos años «ha perdido peso», Francisco de Asís sigue siendo una «persona de su máxima confianza» que contribuyó supuestamente en la tarea de percibir fondos del extranjero «de procedencia ilícita». En cuanto al abogado De la Vega, habría participado «directa o indirectamente» en los negocios de la familia Conde y, a su vez, ejercía de representante de las empresas extranjeras que «inyectan capitales a las mercantiles vinculadas» con aquélla.

Conde utilizó, al menos desde 2002, la sociedad luxemburguesa Beiteligung «para canalizar los ilícitos beneficios que obtuvo de las apropiaciones indebidas por las que fue condenado» e impedir el decomiso de una de sus fincas en Mallorca. Conde se dedicó a tributar sus servicios profesionales a través de otra empresa creada en España, Barnacla, al tiempo que se servía de ella «para traer de vuelta a España dinero de origen ilícito, a través de ampliaciones de capital o préstamos encubiertos» (sobre todo a través de la sociedad suiza Galloix Holdings S. A.). Entre enero de 2008 y marzo de 2013, Barnacla recibió entradas de divisas de Francia, Suiza y Reino Unido de 5,6 millones.