Primera querella contra el ex presidente y el ex consejero delegado por la crisis de Abengoa

La Audiencia Nacional recibió ayer la primera querella por la crisis de Abengoa, empresa que ha solicitado el preconcurso de acreedores. En concreto, dos bonistas acusan a Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega, ex presidente y ex consejero delegado, respectivamente, de los delitos de administración desleal y uso de información privilegiada. Ahora, corresponderá a la magistrada Carmen Lamela decidir si la admite a trámite.

En la querella se destaca que Benjumea y Sánchez Ortega eran perfectos conocedores de la grave situación económica por la que atravesaba la empresa, a pesar de lo cual, «en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores», que se verían «atrapados» en la situación concursal, la utilizaron «en su propio beneficio personal».

Así, Benjumea, «en vez de gestionar los intereses ajenos que tenía encomendados, poco antes de que la compañía solicite de un juzgado de lo Mercantil su situación preconcursal, se apea de la nave y por ello recibe la sustanciosa cantidad de, nada más y nada menos, 11.480.000 euros, por el solo hecho de abandonar su cargo». Por su parte, Sánchez Ortega recibió casi 4,5 millones por dejar su cargo y otros 3,3 millones en concepto de bonus variable que debe percibir a cuenta de 2015.

Además, según los querellantes, el ex consejero delegado utilizó la información que tenía de la situación real de Abengoa para «lucrarse con las pérdidas de la sociedad, apostando a la baja por ella». Así, cuando dejó el cargo, fichó por la entidad BlackRock, una de las mayores gestoras de fondos a nivel mundial, la cual, apenas un mes después, tomaba fuertes posiciones bajistas en el valor de la acciones de Abengoa, tal y como publicó LA RAZÓN ayer.

Los siete bancos españoles acreedores de Abengoa se agruparon ayer en un grupo liderado por Santander y reclamaron a la compañía que aclare cuál es el volumen real de deuda que arrastra. Las entidades, que ya descuentan el concurso de acreedores de la firma, rechazaron la petición de inyectar otros 500 millones de euros, según informan fuentes financiera. Cualquier nueva inyección «supone enterrar el capital», afirman.