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El PP denuncia a Bárcenas y a «El País» por vulnerar su derecho al honor

Luis Bárcenas, en la puerta de su casa el pasado mes de febrero
Luis Bárcenas, en la puerta de su casa el pasado mes de febrerolarazon

El PP ha presentado esta mañana una demanda por vulneración del derecho al honor contra la empresa editora de El País, así como contra el autor de los "falsos papeles"publicados que, según este diario, es Luis Bárcenas, aunque él lo haya negado públicamente y ante la Fiscalía Anticorrupción.

El Partido Popular ha presentado esta mañana una demanda por vulneración del derecho al honor contra su extesorero Luis Bárcenas, como supuesto autor de los "falsos papeles"publicados por El País, así como contra la empresa editora de este diario.

A esta demanda colectiva -en la que el PP reclama una indemnización de medio millón de euros que destinaría a organizaciones sociales- se suman las presentadas, a título individual, por Ángel Acebes, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, por haberse vulnerado también su derecho al honor.

Finalmente, y tal y como se había avanzado desde el entorno del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy no ha presentado ninguna acción judicial individual contra Bárcenas, aunque está representado en la demanda colectiva del PP, formación que preside.

En un comunicado, el PP especifica que la demanda se dirige contra la empresa editora de El País y el autor de los falsos papeles publicados que, según este diario, es Luis Bárcenas, "aunque él lo haya negado públicamente y ante la Fiscalía Anticorrupción".

Tanto el PP como el resto de demandantes manifiestan así su intención de dirigir la acción judicial "contra la persona o personas"que hayan entregado a El País "los falsos documentos publicados, cuya identidad se desconoce actualmente".

El PP pretende que se declare que, por parte de los demandados, se ha vulnerado el derecho al honor de los demandantes, lo que ha supuesto un "daño efectivo"en su imagen y prestigio.

Asimismo, reclama una indemnización por daños y perjuicios de 500.000 euros que, según avanza, destinaría a organizaciones de carácter social.

Exige también que se condene a los demandados a que, una vez que haya sentencia, ésta se publique en los mismos medios utilizados para divulgar las informaciones que afectan a su honor y que, además, se haga "durante los mismos días"en que se publicaron.

Según la demanda, "la difusión premeditada e irresponsable, inexplicable en un medio de comunicación"de documentos que, afirma, han sido "presumiblemente prefabricados ad hoc"y cuya "autenticidad, veracidad y autoría no se ha contrastado ni de otro modo consta a quien los difunde", pone de manifiesto un "criticable e inexistente rigor profesional"así como una "mala praxis".

El texto añade que "como han venido manifestando inequívocamente durante estas últimas fechas todos y cada uno de sus dirigentes", el PP "lleva, y siempre ha llevado, una única contabilidad".

Recalca que esa contabilidad se somete, "con la periodicidad normativamente prevista"a la supervisión y control del Tribunal de Cuentas, "sin que la revisión de las mismas por el citado órgano haya sido objeto de tacha o reserva de ningún tipo".

Por consiguiente, asegura que debe reputar "como radicalmente falsa, temeraria y tendenciosa"cualquier información o documento "que ponga en duda la existencia de una única contabilidad en el PP".

Tanto el PP como el resto de demandantes consideran que "lo que subyace en la forma de actuar no es sino la clara intención de dañar la imagen y buena reputación"del partido y de sus dirigentes y empleados.

"En este sentido, la trascendencia de la difusión de las infundadas noticias que se denuncian en este escrito de demanda ha sido de grandes dimensiones", agrega esta formación.

Afirma además que las conclusiones "indebidamente extraídas de documentos falsos y muy probablemente manipulados, y los infundios derivados de su subjetiva interpretación"por El País "han dañado gravemente la imagen del PP y de sus dirigentes".

El PP destaca en su demanda que "pocas veces ha podido someterse al enjuiciamiento jurisdiccional un caso de lesión del derecho al honor de tan graves consecuencias para los perjudicados como el que han provocado la conducta de los demandados".