Luz y taquígrafos contra la corrupción

MADRID- La respuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la crisis que amenaza con mover los cimientos de su partido es permitir que una auditora externa revise su contabilidad, fiscalizada ya por el Tribunal de Cuentas. No hay precedente de una medida de este tipo, como tampoco de la situación interna que atraviesa en estos momentos el PP. Rajoy ha tomado esta decisión después de haber hablado con «barones» y con otros miembros de la dirección. E influido también por las nuevas filtraciones que siguen apuntando a supuestas irregularidades de sobresueldos en B por parte de dirigentes del PP. Esas filtraciones se atribuyen en medios populares a la defensa del ex tesorero y ex senador Luis Bárcenas.

Esta crisis ha hecho resurgir el conflicto entre los veteranos, el «viejo PP», y los nuevos dirigentes que han ido haciéndose con cuotas de poder tras el Congreso de Valencia, en el que Rajoy sostuvo su reelección como presidente del partido sobre una profunda renovación de su estructura. Y son ésos que se dicen de sí mismos que representan al «nuevo PP» los que más han presionado para que se actúe con transparencia y se llegue hasta el final en la depuración de responsabilidades.

Rajoy defendió ayer a puerta cerrada los procedimientos internos del PP y anunció «querellas» contra las «especulaciones» sobre los citados sobresueldos. De hecho, la dirección nacional precisó que ya está estudiando medidas. Pero al mismo tiempo también intentó tranquilizar a sus principales dirigentes territoriales y a otros «cuadros» intermedios con la confirmación de que volverá a revisar la contabilidad, ya se hizo en 2009, y que el resultado se pondrá en manos de una de las auditoras privadas con más renombre en España. La dificultad del discurso es que por un lado, oficialmente, la actual cúpula niega tener constancia de irregularidades, pero, por otro, adopta medidas que señalan que sí concede verosimilitud a la posibilidad de que haya existido algún mal comportamiento.

De la fiscalización interna se va a encargar la actual tesorera, Carmen Navarro, designada por la secretaria general y persona de su confianza. El examen se retrotraerá hasta la etapa de Francisco Álvarez Cascos e incluirá una revisión documental y también la toma de declaraciones a aquellos dirigentes que se entienda que tienen algo que aportar para aclarar todos los extremos de la contabilidad. Los resultados de la investigación se trasladarán al auditor externo, que tendrá además a su disposición «todos los documentos que requiera». «Vamos a volver a investigarlo todo. Al que hace todo lo que puede no se le puede pedir más», señaló Cospedal en la comparecencia en la que informó del Comité Ejecutivo que acababa de presidir Rajoy en la sede de Génova. Una reunión de la «plana mayor» que quedó monopolizada por el «caso Bárcenas». Hay inquietud, dudas y enfado en algunos sectores populares a cuenta de las informaciones sobre el dinero atesorado por Bárcenas en una cuenta en Suiza y sobre otras supuestas irregularidades en el sistema retributivo del «aparato» del PP. Quejas y dudas internas que ayer Rajoy intentó aplacar con estas medidas y con el anuncio de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparecerá en el Congreso para aclarar cualquier cuestión sobre la «amnistía fiscal» y negar las acusaciones del PSOE de que ha sido un instrumento «tapadera» para beneficiar a Bárcenas, teoría que Rajoy calificó de «disparate». Como adelantó ayer LA RAZÓN, el presidente también aprovechó su intervención a puerta cerrada para negar que su partido tenga cuentas en el exterior y ratificar su voluntad de llegar hasta el final en la depuración de responsabilidades si llegara el caso. Si se confirma que alguien ha cobrado sobresueldos en negro, sería expulsado del partido.

No obstante, por ahora siguen remarcando que los problemas de Bárcenas son a título particular y mantienen también el discurso, acuñado en su día frente al juez Garzón, de que en todo este controvertido asunto «el gran perjudicado es el PP». Por eso subrayan que da tranquilidad el hecho de que esté judicializado y piden agilidad en el procedimiento.

En lo que a ellos afecta, Cospedal anunció que los resultados de la nueva fiscalización de las cuentas del partido se harán públicos lo antes posible. «No se demorará ni un año ni dos», sentenció. La número dos aclaró que en esta investigación interna no hablarán con Bárcenas y que ella tampoco lo ha hecho hasta ahora. Y que las informaciones sobre las novedades del caso le han llegado por los medios de comunicación. La difícil Ejecutiva que el PP celebró ayer se cerró sin voces discordantes –salvo un pequeño cruce dialéctico entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. Quienes están en ella lo están por decisión personal de Rajoy.