viernes, 24 marzo 2017
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El catalán en el aula no se toca

  • Aunque las sentencias en favor del bilingüismo se acumulan, la Generalitat nunca las ha acatado. La inmersión comenzó a implantarse en 1983 y desde entonces ha habido diversas propuestas.
     

    > Chacón insiste en reivindicar la inmersión
     

Poco antes de poner en marcha el sistema de inmersión en catalán en la escuela, Jordi Pujol se planteó implantarlo de manera gradualista, pero después de hacer varias consultas y de asistir personalmente a una reunión que se hizo con padres de alumnos en un instituto de Santa Coloma de Gramenet –un municipio que limita con Barcelona y de mayoría castellanohablante–, el entonces presidente de la Generalitat se convenció de que era una gran idea convertir el catalán en lengua vehicular de la enseñanza.

El inicio del Programa de Inmersión Lingüística (PIL) se remonta al año 1983 y coincide con la aprobación de la ley de normalización lingüística. «La idea y el sentimiento de que Cataluña es un pueblo» ha sido, según el propio Pujol, uno de los principios inspiradores de este sistema basado en lograr el aprendizaje del catalán en un entorno donde su empleo es imprescindible y continuo. «Su oficialidad, su enseñanza, su uso, su proyección, su prestigio, eso ha sido una constante», explica el propio ex presidente en el prólogo de un informe apadrinado por su propio centro de estudios.

Sus promotores consideran este modelo un éxito rotundo, pero lo cierto es que la controversia lo ha acompañado prácticamente desde sus inicios. Los primeros en expresar críticas, antes incluso de que entrara en vigor la inmersión, fueron los profesores que vieron una amenaza para sus derechos la puesta en marcha de cursos de reciclaje de catalán para miles de maestros.

El Manifiesto de los 2.300

Todo ello desembocó en el «Manifiesto de los 2.300», una iniciativa llevada a cabo en 1981 por intelectuales que vivían y trabajaban en Cataluña, los cuales temían el intento de la Generalitat de convertir el catalán en «la única lengua oficial de Cataluña», marginando el castellano. Este documento es el embrión de muchos otros que han surgido a lo largo de las últimas tres décadas en la línea de reclamar una enseñanza bilingüe en la escuela catalana.
Asociaciones como Acción Cultural Miguel de Cervantes, la Coordinadora de Afectados en Defensa del Castellano (Cadeca), la Asociación de Padres por el Bilingüismo y el Foro Babel, entre otras, han defendido durante todo este tiempo el derecho a escolarizar a los hijos en castellano. Muchas veces han hallado amparo judicial, pero siempre han topado con la Generalitat, ya sea bajo control de CiU o bajo control del tripartito.

Al Gobierno catalán nunca le ha temblado el pulso a la hora de mantener un sistema que consideran una enorme conquista porque ha permitido la supervivencia y vitalidad del catalán, así como su cohabitación con un gigante como el castellano.

No ha habido sentencia judicial que haya hecho corregir a la Generalitat. Al contrario, ante cada fallo que instaba a implantar el castellano como lengua vehicular, el Gobierno catalán ha respondido con un desafío.

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el nuevo Estatut declaró ilegal el artículo que asegura que el catalán «es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza». Y remataba el TC: «El catalán debe ser la lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua oficial de Cataluña».

Inconstitucionalidad

También el Tribunal Supremo ha considerado que «reducir el castellano a una materia docente más del currículo de las diferentes etapas educativas obligatorias y privarle de su condición de lengua vehicular daría lugar a la inconstitucionalidad del Estatut y de sus normas de desarrollo en materia de enseñanza».

El último episodio judicial en que los tribunales instaron a la Generalitat a convertir el castellano en lengua vehicular en las aulas se produjo a principios de mes, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio dos meses de plazo a la Administración autonómica para poner fin a la supremacía del catalán en la escuela. La respuesta fue la de siempre: «Lo puedo decir más alto pero no más claro: mantendremos la inmersión en catalán caiga quien caiga», dijo el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs. El pulso se mantiene, pero las sentencias en favor de equiparar el castellano al catalán en la escuela se acumulan.
 

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