El Gobierno insiste: la única salida es la disolución de la banda

Madrid- «Ninguna legitimidad». Esa es la valoración que hace el Ejecutivo de la denominada Comisión Internacional de Verificación (CIV) del alto el fuego, que el viernes dijo que la banda terrorista ETA le ha transmitido que está «preparada para dialogar». Así lo expresó ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández, que tras afirmar que «los verificadores» intentaron contactar con ellos, indicó que no les dan legitimidad alguna y que la Guardia Civil y la Policía son «suficientes verificadores para comprobar si ETA se disuelve o no», explícita exigencia que hay para la banda terrorista sobre la mesa. «La política del Gobierno en relación con ETA está muy clara», continuó, para añadir que «el Gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni negociará jamás con ETA».
Fernández Díaz concluyó que ETA debe dejar de «engañar» a sus presos y decirles la verdad que es que el Gobierno no entrará en ninguna negociación. Finalmente, sobre la política penitenciaria, reiteró que si los presos se desvinculan de la banda, «y en el marco de la ley y sólo en el marco de la ley, podrán acceder a los beneficios penitenciarios que la ley exige y otorga a los reclusos».
El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, cifra por su parte en al menos una decena el número de terroristas de ETA que aún tienen capacidad para atentar. Según dice, la banda cuenta todavía con infraestructura en el sur de Francia y «no pierden el tiempo» cambiando de coche cada 15 días y transmitiendo mensajes e incorporando nuevos militantes. Asegura que las fuerzas de seguridad «ven vehículos que se repiten, personas que aparecen y desaparecen y en consecuencia estas son sus conclusiones». «Sabemos que hay un cierto despliegue de logística considerable, una cierta capacidad de atentar por determinados individuos, entre la decena y la docena, y que hay mucho movimiento», aseguró el «número dos» de Interior en una entrevista concedida a Europa Press.