Chaves afirma en su recurso que «ni conoció, ni pudo conocer» el fraude

Asegura que «desconocía los procedimientos concretos» de las ayudas.

«Ni conoció, ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de las ayudas sociolaborales, puesto que nadie le advirtió de ello», y, en su condición presidente de la Junta de Andalucía, «desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas sociolaborales, así como las ayudas concedidas en cualquier otro ámbito, pues no era evidentemente su labor». Éste es uno de los argumentos principales que utiliza la defensa de Manuel Chaves, ejercida por Pablo Jiménez de Parga, en el recurso interpuesto contra el auto del instructor del «caso de los ERE», Álvaro Marín, de considerar que hay indicios para juzgarle por un delito de prevaricación administrativa. De esta forma, rechaza el argumento del instructor de que Chaves «impulsó la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones», aprobó las modificaciones presupuestarias que permitieron continuar con un procedimiento que no era el correcto y aprobó unos presupuestos, pese a que contenían de manera inadecuada las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo hacia el Instituto de Fomento Andaluz y que su actuación la llevó a cabo «con conocimiento de que el procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones era irregular».

En este sentido, la defensa sostiene, en relación a esas modificaciones presupuetarias, que Chaves, en su condición de presidenta de la Junta, «se limitó a participar en la formalización de la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno que él presidía, de unas modificaciones presupuestarias que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles y que contaban con todos los informes preceptivos favorables, incluido el informe de la Intervención General de la Junta». Y, junto a ello, destaca que no hay «ni un sólo indicio» de que conociera las advertencias de la Intervención General, y que, además, las modificaciones presupuestarias «a las que se pretende calificar de prevaricadoras contaban con el informe de la Intervención».