La Junta «malversó» dinero en Delphi para cumplir sus «compromisos políticos»

Un inspector de Trabajo ratificó ayer ante la jueza Núñez su informe, en el que detalló desvíos e irregularidades en las ayudas a los ex trabajadores

La Junta de Andalucía utilizó más de 100 millones de euros de la Administración para cumplir los compromisos adquiridos por el Ejecutivo tras el cierre de Delphi. Lo hizo prescindiendo de la legislación vigente, siendo además consciente de ello. Eso es lo que aseguró ayer en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla el inspector de Trabajo y Seguridad Social Carlos Uruburu. El perito ratificó así ante la jueza María Núñez Bolaños un informe emitido en 2014 –junto a otro inspector de Trabajo, Roberto Álvarez– en el que detalló las irregularidades cometidas por la Consejería de Empleo durante el proceso de recolocación de los trabajadores afectados por el cierre de la planta de la multinacional en Cádiz.

Según fuentes del caso consultadas por este periódico, durante su declaración, Uruburu fue más allá incluso que el ya de por sí contundente informe. Así, precisó que el mismo abarca los aproximadamente 105 millones de euros dedicados por la Junta a amortiguar el golpe de la clausura de la factoría de Delphi y no sólo los 33,3 millones de euros adjudicados para este mismo fin al grupo de empresas del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, principal señalado en esta pieza separada del fraude en los cursos de formación que instruye la jueza Núñez.

En este sentido, apuntó en la «ilegalidad» de las subvenciones concedidas y aseguró que el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, estaba «en concierto con las empresas para la simulación de los contratos» de las que se beneficiaron los ex empleados a la espera de encontrar la ansiada y prometida recolocación laboral.

El inspector de Trabajo, a preguntas de uno de los letrados presentes en la sala, afirmó que las anomalías e incumplimientos normativos detectados se hicieron con el único fin de cumplir «los compromisos políticos de la Junta de Andalucía». El resultado, a su juicio, es que las subvenciones de este programa relativo a Delphi se saldaron con una «malversación» del dinero público.

Además de hacerlo de manera irregular, este dispendio de fondos se hizo de manera discriminatoria. De hecho, hubo personas que recibieron «sobresueldos» y una «cobertura ilegal» de prestaciones que contrastaban con la «discriminación» que sufrían otros desempleados.

El informe de los técnicos ya reseñaba que «en lo relativo a Delphi, todas las subvenciones, tanto a la formación como a la contratación, han sido declaradas excepcionales, tramitándose por el procedimiento de concesión directa y no por el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva», pese a que había en el «ordenamiento vigente» otros «instrumentos idóneos», en concreto el Real Decreto 395/2007.

Igualmente, el estudio detallaba cómo se simularon relaciones laborales «para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de ex trabajadores de la citada planta, con la colaboración de determinadas empresas, asociaciones y fundaciones, además de a mantener las percepciones de los ex trabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo y a financiar prejubilaciones en términos distintos de los previstos legalmente».

La conclusión es que «el sistema de concesión y gestión de las subvenciones se llevó a cabo incumpliendo lo dispuesto en su normativa específica y causando un grave perjuicio para el patrimonio de la Seguridad Social, para el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal y para el presupuesto de la propia Comunidad Autónoma de Andalucía».

El objetivo era que el contrato laboral mientras se hacían los cursos –de poca utilidad, según denuncias de los propios trabajadores– permitiera posteriormente cobrar el desempleo a los participantes, algo que «en aquel momento el contrato para la formación no incluía protección por desempleo».