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Los sindicatos ponen deberes a la nueva consejera de Educación

Le piden que aborde con urgencia la huelga de los conservatorios y se reviertan los recortes

Reclaman diálogo para alcanzar «consensos» y medidas para «dignificar» al profesorado

  • La nueva consejera de Educación, Sonia Gaya, en el acto de toma de posesión, en San Telmo
    La nueva consejera de Educación, Sonia Gaya, en el acto de toma de posesión, en San Telmo
N. Acedo.  Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

10 de junio de 2017. 20:24h

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N. Acedo.  Sevilla. 11/6/2017

Buena parte de la comunidad educativa andaluza trabaja con los ojos puestos en lo que se podría hacer y cansada de discursos en vías de falsificación, por irreales. Sabe que se ha avanzado y que el punto de partida era, sin duda, peor que el de otros, pero busca mejoras que superen modelos fallidos. A esa realidad se incorporará la nueva consejera de Educación, Sonia Gaya. Y no le es desconocida, puesto que es funcionaria de carrera del cuerpo de profesores de Secundaria y ha desempeñado diversos cargos sindicales ligados a la enseñanza. Desde ese ámbito, el de los sindicatos, saludan su trayectoria, pero le apuntan algunas de las cuestiones a abordar de manera prioritaria, cruzada la frontera.

Javier Puerto, presidente de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), sostiene que, para su organización, en materia de recuperación de los derechos perdidos de los docentes, a la que la propia Gaya se refirió tras su toma de posesión, es urgente el «regreso inmediato a las 18 horas lectivas dentro de la jornada semanal de 35 horas», así como la «implementación de una ley de autoridad del profesorado» en la región. En relación a este punto, Puerto tilda de «vergonzoso» que ésta fuera rechazada en el Parlamento andaluz, en concreto «por PSOE, IU y Podemos» y esgrime un dato para demostrar su necesidad: «El curso pasado se denunciaron 146 casos de agresión a docentes». Cree que, en general, hay que «dignificar» la profesión «con más recursos materiales para los profesores y los centros, la eliminación del exceso de tareas burocráticas» que, afirma, «aqueja» a los docentes; y «el respeto a una labor» que «lleva demasiados años bajo sospecha para ciertas jerarquías educativas y ‘lobbies’ pedagógicos». «Los ‘aprobados de despacho’ –apostilla– son uno de los más escandalosos frutos de ello».

El presidente de APIA plantea además que las oposiciones no sean en la comunidad «moneda de cambio político» sino que «se planifiquen pensando en primer lugar en nuestros docentes», para que no se repitan episodios como el de «las actuales oposiciones a conservatorios, que tienen al profesorado interino andaluz en pie de guerra», lamenta.

A ellas se refiere también Patricio Pérez, responsable del Profesorado de la Escuela Pública de CC OO Andalucía, para quien es acuciante atender ese asunto ya que «los conservatorios están en huelga desde hace dos meses» y la Cámara autonómica «ha aprobado una Proposición no de Ley (PNL) –impulsada por el PP-A y que sólo tuvo el voto en contra del PSOE-A–, para instar a la Junta a que posponga las oposiciones y las convoque en 2018 de forma coordinada con el resto del Estado –ha convocado este año 200 plazas en conservatorios sin que exista ninguna otra oferta de puestos en castellano en el país–». «No es una cuestión de ceder», matiza Pérez, «sino de hacer las cosas con raciocinio». Amplía el ángulo para exponer que la nueva consejera tiene, en general, que «escuchar a los representantes del profesorado» porque hay que «alcanzar consensos» en una comunidad educativa que «lleva mucho tiempo sin poder dialogar» y en la que «se han creado grupos de trabajo que no llegan a ningún sitio». Apuesta por que lo hará, dada su «experiencia sindical», que augura, «la ayudará». Y le pone otro reto: «Revertir los recortes», hacer «una defensa clara por la escuela pública» que deber ser «garante de la igualdad de oportunidades» y «con rigurosidad». El dirigente de CC OO le recuerda, por último, que su sindicato reclama que «se invierta en educación el 7% del Producto Interior Bruto (PIB)» y espera que, al menos, se vuelva a los niveles de financiación «anteriores a la crisis económica», que permitan que, entre otras cuestiones, «se consolide el empleo público». Al hilo de lo cual, Pérez anota que confía en que Gaya «contribuya a buscar un mecanismo para que las sustituciones del profesorado se hagan con regularidad y celeridad».

Por parte de CSIF-A, Francisco Hidalgo, representante del sector de Educación de ese sindicato, explica a LA RAZÓN que las demandas de éste pivotan en esencia sobre dos ejes: de un lado, «la mejora y la potenciación de la educación pública andaluza» y, de otro, «el reconocimiento social y laboral del profesorado», al que aludía Puerto. Sobre el primero, aboga por «la bajada de ratios» y pide que se incrementen las plantillas para «atender la diversidad que existe en los centros de la comunidad», así como que se evolucione hacia «un modelo menos restrictivo de cobertura de las bajas», para lo que «habrá que destinar más presupuesto». A esto suma la «actualización» de las infraestructuras educativas, con mejoras en los materiales y en los centros, que incluyan una óptima «climatización». En cuanto al segundo bloque, Hidalgo solicita «campañas» para prestigiar la labor del profesorado, junto a «otras medidas concretas». Defiende que se «retome el tema aparcado de la carrera profesional», el de «los permisos parcialmente retribuidos existentes en otras comunidades, que permiten que los docentes puedan formarse de forma continua», y se insista en «la conciliación de vida laboral y familiar». La lista de deberes de Gaya es amplia.

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