Ser mariscador, una tarea difícil con una lucha constante

Se trata de una profesión tradicional y sostenible que ve sobre todo en los últimos años cómo cada vez es más complicado desarrollarla con cierta rentabilidad.

Ser mariscador no es tarea fácil, máxime cuando se hace a pie en el litoral onubense y la especie es la coquina, ya que se afronta una constante lucha que tiene en las toxinas, los ilegales y los turistas sus rivales más fuertes y que están pone en peligro viabilidad de un sector que reclama medidas.

Se trata de una profesión tradicional y sostenible que ve sobre todo en los últimos años cómo cada vez es más complicado desarrollarla con cierta rentabilidad.

La presencia de biotoxinas en los moluscos se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para el sector en el litoral onubense ya que tiene que hacer frente a continuos cierres de caladero decretados por la Junta de Andalucía al ser el consumo de éstos nocivos para la salud del ser humano.

Esto paraliza su actividad, hasta el punto de que el año pasado estuvieron gran parte del año sin poder capturar, como también les ocurrió a los que mariscadores de la chirla, dándose la paradoja de que, a la vez, son también las que más rentabilidad dan al sector.

Han sido numerosas y reiteradas las quejas por estos cierres que los mariscadores, en ocasiones, entienden que son "excesivos", llegando incluso alguna que otra vez a realizar análisis paralelos de los moluscos en laboratorios autorizados que concluían que eran aptos para el consumo.

Estos cierres provocan que los mariscadores tengan que ir de un lado a otro y capturando depende qué especie en función de los resultados de los análisis, una realidad que, aseguran, está poniendo en juego el mantenimiento de una actividad profesional.

De alguna forma necesitan vivir y por ello, asociaciones como la de Almonte (Huelva), Villamanrique y Pilas (Sevilla), en la que a su vez se integran los trabajadores de Hinojos (Huelva) y Carrión (Huelva), que desarrollan su labor en Doñana, han alzado la voz para reclamar a la Junta de Andalucía un plan de empleo específico.

Una reivindicación para la que han encontrado apoyo en Ayuntamientos como el de Almonte, desde donde tildan de "dramática"la situación por la que están pasando los mariscadores onubenses que abierto o cerrado el caladero tienen que pagar invariablemente un sello mensual de 200 euros.

Por ello reclaman una actividad complementaria cuando se dan estos cierres que les aporte ingresos económicos, ya que como autónomos que son no pueden acogerse en otros planes de empleo que pone en marcha la administración autonómica.

Pero no es este ni el único problema ni la única reivindicación porque, más allá de la prohibición de capturar, están los "ilegales", aquellas personas que sin carné ni autorización y más allá de decretos de cierre, salen a capturar coquina o chirla a diario sin que, según el propio sector, "desde las administraciones se haga nada por impedirlo".

La situación ha llegado a tal punto que hace apenas una semanas un mariscador presentó una denuncia en los tribunales contra la Junta de Andalucía, el Seprona y la Policía Autonómica, por dejación de funciones al entender que con su actitud están "contribuyendo a la proliferación de ilegales".

Éstos capturan a su antojo, sin tener en cuenta tallas o taras, con lo que contribuyen, poco a poco, a esquilmar una especie que, ahora con la llegada de la época estival, sufre otro varapalo con llegada de turistas que consideran la captura de coquinas como un entretenimiento más allá de saber o entender que no lo es, que con su acción están quitando el trabajo a profesionales que tienen en esa actividad su forma de ganarse la vida, aunque, cada vez, sea más difícil.