Los informes de Moncloa ante el «golpe kamikaze»

Los acontecimientos en Cataluña reafirman el convencimiento en La Moncloa de que el proceso secesionista ha entrado en fase de «descomposición». Un presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha necesitado sacrificar a los propios ante su falta de compromiso con el referéndum unilateral del 1-O, evidencia el polvorín sobre el que asienta su poder. No hay vuelta atrás. El president, presionado por su socio de ERC y los antisistema de las CUP, ha movido a su antojo los peones. Por las bravas. La filosofía del !conmigo o contra mí» se llevó por delante un nombre clave al frente de Interior, el de Jordi Jané, al que a menudo se ha señalado como uno de los consejeros menos comprometidos con la causa independentista. De hecho, las maniobras venían sucediéndose desde hacía tiempo para que Puigdemont lo cesase.

Hacerse con las riendas de Interior en sustitución de Jané ha implicado la elección de un perfil ultra, Joaquim Forn, presto a volar el canal de comunicación y diálogo siempre abierto con Madrid, como ya da por descontado en el número 4 del Paseo de la Castellana, sede ministerial, el entorno del ministro Juan Ignacio Zoido. La moderación de Jané permitió la celebración de la Junta de Seguridad de Cataluña, tras cerca de una década sin reunirse, y el compromiso de la convocatoria de 500 nuevas plazas de Mossos d´Esquadra. Forn, en cambio, lleva a gala su independentismo de raza y está dispuesto a marcar un antes y un después con su antecesor.

Con su desembarco, Forn ya ha puesto en el punto de mira a sus 17.000 Mossos, instándoles a comprometerse con la independencia. La propia ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado subraya que los agentes cumplirán y harán cumplir en todo momento la Constitución, el Estatuto de autonomía y la legislación vigente. Igualmente claro resulta su código de conducta, que recoge el deber de cumplir sus funciones con absoluta neutralidad política. Sea como fuere, al nuevo consejero sólo le queda tirar para adelante y hacerlo por todos los medios a su alcance. Apenas dejó pasar un puñado de horas antes de dejar en el aire la continuidad de mandos y cuadros de la policía autonómica. Oído cocina: su director Albert Batlle, presentaba este lunes a primera hora su dimisión, trasladando a los suyos su confianza en que perseverarán en su «misión de defensa de la seguridad y del bienestar» de la ciudadanía. Joaquim Forn sabe de la negativa de la inmensa mayoría del cuerpo policial a seguir su golpe kamikaze y tiene constancia de las filtraciones que han llegado al Gobierno de Mariano Rajoy de la disposición a ponerse a sus órdenes por mucho que presionen los secesionistas.

Así lo señalan, por cierto, informes confidenciales sobre la mesa de los ministerios de Presidencia, Justicia e Interior y del propio jefe del Ejecutivo. Para la actual Generalitat, el problema de esta realidad es que quiebra el relato de Puigdemont de una hoja de ruta blanca. Los líderes del manoseado «procés» siempre afirmaron, sin tener en cuenta los movimientos del Estado, que saltarse la legalidad vigente carecería de consecuencias. Pues no. Esta vez no habrá urnas y el gabinete de Mariano Rajoy está dispuesto a tirar de los mecanismos necesarios cada vez que se actúe contraviniendo la legalidad.