Obligada destitución de Vargas

La asamblea de los trabajadores de la empresa Eulen, adjudicataria de los filtros de seguridad del aeropuerto barcelonés de El Prat, rechazó ayer por amplia mayoría la oferta de incremento salarial propuesta por el mediador de la Generalitat de Cataluña, que era la misma que ya habían declinado en una asamblea anterior. En consecuencia, el comité de huelga mantiene la convocatoria de paros indefinidos a partir de hoy, lunes, que amenazan con colapsar el segundo mayor aeropuerto de España en unas fechas claves para la industria turística. Si bien a los empleados de Eulen, como al resto de los trabajadores españoles, le ampara el derecho de huelga, es evidente que el perjuicio para los intereses generales en un sector tan sensible como el transporte aéreo obliga al Gobierno a tomar cartas en el asunto, más allá del establecimiento de los servicios mínimos y del despliegue de la Guardia Civil para que supla las funciones de los huelguistas. En este sentido, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de quien ya hemos destacado elogiosamente su implicación en el conflicto y que consiguió aunar criterios entre las tres instituciones afectadas: el propio Ministerio, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, ha anunciado la reclamación de un laudo arbitral obligatorio que, como en el último conflicto de las tripulaciones de Iberia, concilie en lo posible las demandas de los vigilantes de seguridad de Eulen con las condiciones laborales que ofrece la empresa. Es una solución válida, que preserva los derechos de todas las partes, incluidos los del conjunto de los ciudadanos, pero que, a nuestro juicio, no afronta de raíz el verdadero problema, que no es otro que la mala gestión de la actual dirección de AENA, que preside José Manuel Vargas, que ha permanecido en una ausente comodidad durante todo el conflicto de El Prat, uno de los muchos que tiene abiertos la compañía pública –el Estado tiene la titularidad del 51 por ciento de la empresa– hasta el punto de que las distintas representaciones sindicales han convocado 25 jornadas de paro en distintos aeropuertos para solo el mes de septiembre. Así las cosas, que un periódico viejo trate de ocultar la responsabilidad de José Manuel Vargas por el único motivo de su estrecha amistad personal con una de las principales accionistas de ese diario no debe distraer la atención pública de los hechos que denunciamos. Más aún, cuando esa publicación utiliza una falacia argumental para defender lo indefendible, esgrimiendo la recuperada salud financiera de AENA y obviando deliberadamente que es la reactivación del transporte aéreo internacional, tras la grave crisis económica mundial, lo que explica los buenos números. No. Como han denunciado los principales sindicatos –CSIF y UGT– y las empresas adjudicatarias de los servicios subcontratados por AENA, y como bien debería conocer el Gobierno de la nación, la gestión de José Manuel Vargas –al parecer, mucho más preocupado por los intereses de los fondos financieros que se adjudicaron las parte privatizada, que del deber de una empresa pública, adscrita además a un sector estratégico, de servir al interés general– ha llevado al límite la política de externalización de los servicios, desvirtuando el espíritu de la Ley de Contratos del Estado, que obliga a las instituciones a aceptar la oferta más económica. El titular de Fomento conseguirá, sin duda, encarrilar el conflicto de El Prat, pero será sólo una tregua hasta que la gestión de Vargas en AENA revele todo su potencial destructivo. Se impone su inmediata destitución.