Hacia lo desconocido

Tal vez el presidente Mariano Rajoy confió en que la CUP acabaría dinamitando lo que en Cataluña se denomina «el procés» al suponer que no llegarían a un acuerdo firme con JuntsXSí para aprobar los presupuestos, condición impuesta por el president de la Generalitat, y ello dinamitaría el independentismo. Pero los miembros del PDCat, para entendernos, los antiguos convergentes, y Esquerra Republicana han mostrado una inagotable dosis de paciencia desgastando sillas y asientos a lo largo de múltiples reuniones. El revoltoso grupo asambleario de la CUP, como era de suponer, ha optado por un rápido proceso que permita la creación de un nuevo país, la República Catalana, a sus restantes reivindicaciones. El «derecho a decidir» hubiera sido una primera fase, pero los independentistas no lograron la mayoría en votos en las últimas elecciones, aunque ello no ha impedido, dada la suma de escaños, llegar más lejos sorteando las trabas judiciales que encuentran a su paso. Los mártires de la causa, a la cabeza Carme Forcadell, llevarán a sus fieles a llenar las calles el próximo lunes en el juicio estrella contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, acusados de poner urnas el 9N a modo de referéndum. La ciudadanía observa no sin cansancio una hoja de ruta que el Gobierno de Madrid no ha sabido, podido o querido evitar. La propia Generalitat ha propuesto que sus funcionarios y otros trabajadores pidan un día festivo para acompañar a sus anteriores dirigentes en el amargo trance de sentarse en el banquillo y, de perder el juicio, condenados a años de inhabilitación. Mientras PDECat decide qué ideología le conviene, Ada Colau está ya forzando máquinas para construir una alternativa del amplio espectro de la izquierda, que defendería un referéndum pactado, pero la CUP exige que se acelere el proceso de independencia.

El «Referèndum o Referèndum» que proclamó Carles Puigmenont y que debería producirse pasado el próximo septiembre está ya preparado y podría celebrarse incluso en mayo: seguro choque de trenes tras el que el procés se adentra en territorio ignoto. El ex juez y ex senador Santi Vidal desde el pasado viernes, de Esquerra Republicana, que en sus ratos libres elaboró una nueva Constitución, se ha ido de la lengua en varias intervenciones públicas y ha proclamado a los cuatro vientos los preparativos del proyecto que la Generalitat estaría elaborando para construir –y no ha de ser fácil– un nuevo Estado con todas sus competencias y universales reconocimientos. Se adentraría en su fase final, la desconexión, y así lo publicó Cristián Segura en «El País». El mencionado periodista fue acusado –y no sólo en las redes– de complicidad con el CESID, pese a que las conferencias de Santi Vidal habían sido públicas. La Generalitat corrió a desmentirlo y Oriol Junqueras, tan afable en el diálogo con la vicepresidenta del Gobierno en su despacho barcelonés, negó que se hubieran logrado los imprescindibles datos fiscales de los catalanes y sus empresas al margen de los propios cauces legítimos. De otro modo no sería legal y pondría en cuarentena la hoja de ruta (en los tiempos que corren siempre hay alguna hoja de ruta) que los dirigentes de Junts x Sí ocultan. La sociedad catalana se muestra, de momento, imperturbable ante la avalancha de noticias, más o menos ciertas, sobre los avances de una independencia que culminaría una utopía que fue alimentada, sin llegar tan lejos, por el ahora innombrable Jordi Pujol. Según se dice todo parece conjugarse por Viver Pi-Sunyer desde su «Oficina d´Estudis per l´Autogovern» como cabeza visible, Josep Maria Reniu desde la «Oficina per a la Millora de les Institucions d´Autogovern» y Víctor Cullell, Secretari per el Desenvolupament del Autogovern. Todo ello y mucho más no podría funcionar sin medios económicos y materiales. Una vez decretada la independencia, la Agencia Tributaria de Catalunya, que hoy cuenta ya con 459 personas, pasaría a 800. Según el ex juez, muy aplaudido en sus intervenciones, aunque acabará en los tribunales, se necesitan 1000 jueces y, aunque se ha desmentido, se elaboró ya la lista de los actuales desafectos. El nuevo Govern dispondrá también de banca pública y protegerá las pensiones y la Seguridad Social mediante la Agencia Catalana de Protecció Social. Aunque ya está prevista una breve etapa en la que algunas instituciones habrán de convivir, resulta más compleja la asimilación de las tareas de policía y las funciones de los mossos, que ahora dependen de Jordi Jané y del comisario en jefe, Josep Lluís Trapero. Y Raúl Romeva ampliaría los Servicios Exteriores del nuevo estado. Cabe añadir que las centrales nucleares catalanas pasarían a integrarse en el Servei de Coordinació d´Activitats Radioactives. Pero también es posible que tras un referéndum que se entiende anticonstitucional nada de lo previsto se lleve a cabo y la frustración independentista tenga que trazar otra ruta y, tal vez, con otros protagonistas. Y vuelta a empezar.

Mariano Rajoy sigue con la mano tendida, aunque sin mover un músculo, asegurando que nunca habrá referéndum porque la ley lo impide y él no quiere. La anunciada entrevista con Puigdemont hubiera debido producirse hace ya tiempo y el gobierno hubiera debido mostrar señales de buena voluntad no sólo con Cataluña, sino con los ciudadanos que en ella conviven. Unos se sienten sólo catalanes; otros tan catalanes como españoles y otros, tan sólo españoles. Las diferencias dan que pensar, pero transcurre el tiempo y ahora a favor de lo desconocido.