«Por culpa de esa niña tenemos que estudiar en castellano»

Doce entidades se unen para denunciar la discriminación lingüística de los castellanohablantes dependiendo de la comunidad en la que residan y alertan de los perjuicios para quienes tienen hijos en edad escolar

«Mi marido es catalán, al igual que mis hijos, pero queríamos que fuesen escolarizados en castellano en el colegio de Balaguer (Lérida) en el que estaban matriculados. Sólo estudiaban dos horas a la semana. Nos parecía poco. Así que iniciamos una batalla judicial hasta que el 10 de junio de 2015 el TSJ de Cataluña nos dio la razón al obligar al colegio a que, al menos, el 25 por ciento de las clases se impartieran en castellano. Y ahí empezó toda una campaña de acoso institucional, político, del centro educativo y hasta de los propios padres del colegio en septiembre pasado», cuenta Ana Moreno. «El AMPA del colegio nos calificó como “un precedente peligroso” al abrir la posibilidad de que otros padres pudieran solicitar lo mismo que nosotros, se crearon grupos de WhatsApp con mensajes contrarios a nuestra petición, desde el AMPA del colegio se pedía que los niños no acudieran a las clases de castellano deliberadamente y que ahora el centro estaba obligado a tener... Pero lo peor fue cuando mi hija vino un día a casa diciendo que su amiga ya no podía jugar con ella. Tenía que escuchar comentarios del tipo: “por tu culpa ahora tenemos que estudiar en castellano”». Dejaron de invitar a mis hijos a cumpleaños y sentí miedo de que fueran estigmatizados, por eso acabé cambiándolos a otro centro que no estuviese en la comarca», cuenta Ana. Esto implica que sus dos hijos, de 5 y 7 años, tienen que hacer un trayecto de casi una hora diaria para ir a un centro educativo que se encuentra a 30 kilómetros de distancia de Balaguer. A eso se une la circunstancia de que tampoco han conseguido una escolarización bilingüe «porque no hay centros próximos que enseñen más de dos horas en castellano en la zona en la que residen». Ana también se ha visto obligada a cerrar su negocio. «Voy por Balaguer y todavía muchos me giran la cabeza por pedir una escolarización que no sea sólo en catalán. A los castellanohablantes se nos tiene abandonados».

Ana ha acudido incluso a Estrasburgo para denunciar su situación y es una de las firmantes del manifiesto que ayer presentaron doce entidades de Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Navarra para defender los derechos lingüísticos de la comunidad castellanohablante en estas autonomías. El documento alerta del «conflicto lingüístico» existente y de las situaciones de «evidente discriminación» por el «desigual tratamiento dado a los derechos de la comunidad castellanohablante en algunos puntos de España». Isabel Fernández, portavoz de la plataforma que se ha creado hizo hincapié ayer en que esta situación discriminatoria «es un fenómeno creciente, como podemos ver ya en algunas escuelas infantiles de Navarra, y no podemos comprender que personas que residen en un mismo Estado tengan derechos diferentes en materia lingüistica, por eso era el momento de unir fuerzas».

Las plataformas que han firmado el texto son Impulso Ciudadano, Galicia Bilingüe, Fundación del Círculo Balear, Asamblea por una Escuela Bilingüe, Escuelas Infantiles de Pamplona, Asociación por la Tolerancia, Círculo Cívico Valenciano, Asociación por la Lengua Común, Sociedad Civil de Navarra, Asociación por la Libertad de Elección Lingüística y la Asociación por la Defensa del Castellano. Los firmantes demandan que todas las lenguas y modalidades lingüísticas españolas sean objeto de una regulación equilibrada y garantista para sus hablantes y que se garantice el derecho a recibir enseñanza en castellano, a dirigirse en la lengua oficial del Estado a cualquier Administración pública y a ser atendido en nuestro idioma sin demora y sin obligaciones añadidas. Exigen el derecho a disponer en castellano de impresos oficiales, información y rotulación pública, así como la señalización viaria, que se reconozca la oficialidad del castellano en la redacción de cualquier documento público y el derecho de las empresas privadas a establecer el castellano como lengua de trabajo y a relacionarse y comunicarse con sus clientes en este idioma.

Algunos de los firmantes son personas que han sufrido situaciones de discriminación similares a la de Ana Moreno. Es el caso de Agustín Fernández, el padre de Mataró contra el que unas 500 personas protestaron en mayo de 2015 con gritos pidiendo la independencia, banderas y carteles que incitaban a la desobediencia y a no educar en castellano y en los que podía leerse: «La escuela ahora y siempre en catalán». Acudió a los tribunales y consiguió que, como medida cautelar, el 25 por ciento de las clases se impartieran a sus hijos en castellano.

Agustín lamentaba ayer la politización de la educación y la «persecución» que sufren las familias que quieren que sus hijos estudien en castellano como lengua vehicular. «Los niños se han convertido en los rehenes de la educación para que los padres, por miedo a que sus hijos no sufran las consecuencias, no puedan protestar». Fernando recuerda cómo sus hijos empezaron a sufrir comentarios hirientes de otros compañeros: «¿me dejas pasar a la clase o te lo tengo que decir en castellano para que me entiendas? Así que «decidí sacar a mis hijos del colegio y llevarles a otro privado que se encuentra a 20 kilómetros de distancia y que me cuesta 10.000 euros al año por niño. La educación la están utilizando para introducir el nacionalismo y los que no estamos dispuestos tenemos que llevar a nuestros hijos a la privada. Así que eso hice y estoy encantado. Una vez que das ese paso eres libre de esa pandilla de talibanes nacionalistas y muchas veces bastante corruptos, pero lo cierto es que en Cataluña los padres no tenemos libertad de elección».

«El fanatismo lleva a situaciones absurdas», dice el médico de Tarragona Joaquín Maldonado. Trabaja en el Instituto Catalán de la Salud y hace tres años que recibió una normativa interna en la que se exigían unos usos lingüísticos a los funcionarios que «eran surrealistas». «Se nos decía que teníamos que hablar en catalán a los pacientes y que, si no nos entendían, teníamos que seguir hablando en catalán. Si veíamos que nuestro interlocutor continuaba teniendo dificultad, debíamos hablar más despacio e incluso hacer dibujos para facilitar la comprensión». Joaquín denunció lo que considera un «ataque a las libertades personales» y en febrero pasado el TSJC dictó una sentencia por la que anulaba la orden que obliga a hablar sólo en catalán al personal del sector público.