El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina ha hecho pública documentación técnica relativa a un incidente ocurrido en 1991 en la Base San Martín, un enclave estratégico en la Antártida, en el extremo más austral del planeta.

De acuerdo con la información difundida por Andrea Pérez Simondini, el núcleo del enigma no fue, en un primer momento, una luz en el cielo, sino un instrumento científico: un riómetro, diseñado para medir la absorción de ondas de radio en la ionosfera. Durante el inicio de la noche polar, el dispositivo —equipado con tres brazos gráficos independientes— comenzó a registrar trazos idénticos de forma simultánea. Para los técnicos presentes, aquello resultaba “técnicamente imposible”. No existía, al menos según su conocimiento, un antecedente que explicara un comportamiento semejante.

A este fenómeno instrumental se sumó un avistamiento visual. En la madrugada, varios integrantes de la dotación —entre personal militar y civil— observaron un gran círculo luminoso desplazándose en silencio sobre el cielo nevado, avanzando lentamente en dirección al mar. Entre los testigos se encontraba el meteorólogo Miguel Amaya, cuyo relato fue recogido por el investigador argentino Carlos Iurchuk. Las anomalías del riómetro se extendieron durante unas cuatro horas y media, generando desconcierto entre los cerca de veinte miembros de la base. Amaya y otros compañeros describieron además una extraña “necesidad” de salir al exterior pese a las condiciones extremas, y uno de ellos afirmó haber visto cómo un enorme círculo de luz cruzaba silenciosamente sobre la instalación.

Sin embargo, hay un elemento que añade una capa adicional de inquietud: desde Buenos Aires se habría ordenado un silencio absoluto y la custodia física de los registros. Según los documentos desclasificados bajo la Ley de Acceso a la Información Pública, la Dirección Nacional del Antártico habría instruido que los datos no fueran transmitidos por radio ni enviados mediante vuelos logísticos. Debían conservarse in situ y entregarse meses después, de manera personal. ¿Se trató de una medida prudente en un entorno sensible o de una decisión orientada a contener información difícil de explicar?

En este contexto aparece la Comisión para el Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina (CEFORA), que ha seguido el caso durante años. Su responsable, la propia Andrea Pérez Simondini, sugiere que la instrucción pudo haber buscado limitar la circulación de datos científicos anómalos. Tras la desclasificación, CEFORA logró localizar al ingeniero electrónico a cargo en aquel momento, Esteban Lucio González, con la intención de obtener un testimonio directo, y continúa intentando contactar con el resto de los participantes de la expedición de 1991.

Conviene hacer una pausa analítica. Un riómetro registra perturbaciones en la ionosfera, a menudo asociadas a actividad solar, tormentas geomagnéticas o fenómenos atmosféricos extremos. La Antártida, además, constituye un entorno privilegiado para el estudio de auroras y alteraciones electromagnéticas. ¿Podría tratarse de la coincidencia entre un evento geomagnético intenso y una interpretación subjetiva de un fenómeno óptico? Es una hipótesis plausible que requiere un examen técnico riguroso de los datos originales.

No obstante, la coincidencia de registros gráficos idénticos en tres canales independientes —si se confirma tal como se describe— abre interrogantes relevantes. ¿Un fallo del sistema? ¿Algún tipo de interferencia externa? ¿Un fenómeno ionosférico poco documentado? La ciencia, al fin y al cabo, progresa precisamente cuando surgen observaciones que desafían los modelos establecidos.

La Antártida no es ajena a este tipo de relatos. Su aislamiento, su carácter estratégico y su relevancia geopolítica la convierten en un escenario donde la gestión de la información resulta tan crítica como el propio entorno físico. Cuando una institución oficial decide demorar la transmisión de datos durante meses, la duda emerge de forma inevitable: ¿qué se intentaba evitar exactamente?

Treinta y cinco años de silencio institucional y una orden expresa de no transmitir información por radio. ¿Estamos ante un episodio ionosférico mal interpretado o frente a una anomalía cuya gestión informativa plantea más interrogantes que respuestas sobre lo ocurrido realmente en la Antártida?