La Junta de Andalucía pagará 37 millones hasta 2025 a prejubilados de los ERE

Los destellos áridos de la «macrocausa» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos serán visibles durante años. El Consejo de Gobierno de la Junta acordó ayer que adoptará todas las medidas que sean necesarias para el resarcimiento de los perjuicios de las conductas sancionadas por la sentencia de la Audiencia de Sevilla en la que se condenó a 19 ex altos cargos en la pieza política del caso, entre ellos a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. O, en corto, el Ejecutivo autonómico intentará recuperar lo que pueda de los fondos gestionados de forma irregular, que el fallo cuantifica en casi 680 millones de euros, al tiempo que deberá abonar hasta dentro de seis años las prestaciones a «las personas acogidas» a aquellos ERE que las cobran «de forma lícita». «Seguirán haciéndolo con total normalidad hasta 2025», aseveró el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, quien matizó que había que diferenciar entre esos «prejubilados de buena fe» y «los más de 200 intrusos –las personas que fueron incluidas en los ERE sin haber trabajado en las empresas beneficiarias de las ayudas públicas que los subvencionaron– que los gobiernos socialistas colaron ilegalmente». A éstos les lanzó un rotundo mensaje: «Vamos a perseguirlos hasta donde la Justicia nos permita».

Marín insistió en que «la prioridad absoluta» del Gobierno regional «es recuperar el dinero», aunque es una misión «difícil» y no saben hasta dónde podrán llegar, entre otras cuestiones, porque el Ejecutivo de Susana Díaz «se encargó de tejer una tela de araña para impedir que se ejecutaran las fianzas». Uno de los instructores del proceso de los ERE, el juez Álvaro Martín, impuso una hilera de éstas en el auto de apertura de juicio oral del bloque ya sentenciado, entre otras 4,2 millones a Griñán, o 6,2 y 3,7 a los ex consejeros José Antonio Viera y Francisco Vallejo, respectivamente. Cuantías que vinieron a sumarse a las que la jueza que hizo germinar la causa, Mercedes Alaya, había fijado antes, como la abultada suma de 807 millones a otro ex consejero, Antonio Fernández; o los 686 que endosó al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Pero, más tarde, otra de las instructoras, la jueza María Núñez, decidió levantar las fianzas a los cargos entonces procesados y hoy sentenciados, después de que los servicios jurídicos de la Junta comunicasen al órgano judicial la reserva de las posibles acciones civiles contra los responsables que resultasen condenados, como ha sucedido con 19 de los 21 ex altos cargos enjuiciados.

El vicepresidente defendió que, llegados al punto actual, recurrirán a la vía civil para reclamar esas cantidades y el dinero a las empresas que actuaron de mala fe. Y tienen la intención de exigir otro reintegro: el del coste de las defensas jurídicas de los señalados, que están «obligados» a pagar. Lo harán, una vez que la sentencia sea firme, ya que los condenados recurrirán al Tribunal Supremo. Marín no cifró aún la cuantía que ello supondrá para las arcas públicas porque habrá que estudiar cada solicitud, si bien anotó que el ex consejero Gaspar Zarrías reclamó más de 200.000 euros por su representación procesal, pero se le abonarán 18.000, al ser «lo que corresponde, según la tarifa que tiene establecida el Colegio de Abogados».

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, por su parte, aseveró que el fallo de la Audiencia «condena a un régimen socialista que instauró durante muchos años un sistema clientelar para sumar voluntades y, en definitiva, tratar de ganar elecciones a costa de empobrecer» a Andalucía. Queda «caso ERE» para largo.