Desahucio por Navidad en San Fernando

Todos los días, a una media de 26 familias les llega «esa» carta de la que preferirían huir. Andalucía se posicionó en segundo lugar entre las comunidades con más desahucios durante el año pasado, sólo detrás de Cataluña, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha). Su diagnóstico es que la mayoría de las causas de los desalojos forzosos, concretamente el 60%, corresponden a impagos de alquiler. Pagar o comer lleva siendo la decisión diaria a la que se enfrentan más de 4.600 personas en Andalucía que, como la gaditana Verónica Luna, se ven en esta situación.

Verónica vive desde hace tres años en un piso de San Fernando con sus tres hijos. Su historia es la de un desahucio donde las buenas intenciones prolongan un final esperanzador para su familia. Hace unas semanas recibió «la carta» en la que se exigía su desalojo el pasado 27 de noviembre. Con el apoyo ciudadano y político de Unidas Podemos en la localidad se consiguió retrasar el desenlace un mes más, hasta el 27 de diciembre, a pesar de que «la agonía es más larga», como reconoce Verónica. Para rechazar ese desalojo, asociaciones, grupos políticos y ciudadanos se concentraron el pasado miércoles ante el Palacio de Congresos de San Fernando. La afectada, que dice «conformarse» con un dormitorio, apela al derecho a la vivienda digna reconocido en el artículo 47 de la Constitución para «no verse en la calle». Aunque la presión haya conseguido el retraso del desahucio un mes, esto no es suficiente. La problemática radica en la búsqueda de la concesión de un alquiler social que se ajuste a las necesidades de la familia de Verónica pero, ni la economía ni el tiempo corren a su favor.

La vivienda en la que continúa alojándose la familia pertenece a una entidad cuya concesión de pisos corre a cargo de la gestión por parte del Ayuntamiento. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Cádiz reclama al Consistorio la búsqueda de un alquiler social a través de la empresa municipal de vivienda, Esisa, con el fin de llegar a una mediación donde prime la concesión «urgente». La situación de Verónica, que Francisco Galván, portavoz de PAH Cádiz, califica de «estado terminal» puede alcanzar una solución debido a que asegura que existen pisos vacíos cuya titularidad pertenece a los bancos con los que el Ayuntamiento de San Fernando «puede negociar para que a esta familia se le facilite una vivienda. Hay maneras de conseguirla», insiste. Por otro lado, la plataforma señala a la Junta de Andalucía como responsable de la gestión de un alquiler social «ya que se les tiene transferidas las competencias de vivienda». Las necesidades de Verónica se debatieron en una reunión entre la PAH de Cádiz y el Ayuntamiento, cuya posición es que se estaba procediendo a su tramitación pero «no hay vivienda». Ella «no se niega a pagar el alquiler pero sus ingresos son limitados», detallan.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando lamentan que, antes del lanzamiento de la vivienda, Verónica no acudiera a tres citas con los servicios sociales salvo a la última y subrayan que su caso no es por impago, sino por ocupación de la vivienda de forma ilegal «con esperanza de que el banco le hiciese un alquiler social, pero la empresa que adquirió la vivienda no se lo concedió». Según fuentes de Asuntos Sociales, Verónica posee un contrato temporal a cargo del Plan de Empleo del Ayuntamiento. La institución le aconsejó registrarse en el servicio de demandantes de vivienda para incorporarse a una bolsa con un «orden de jerarquía» establecido según las necesidades y la oferta de vivienda o bien que la busque ella misma y que solicite las ayudas que puedan corresponderle.

Desde hoy Verónica tiene menos de un mes para decidir sobre su futuro y el de sus hijos, una situación a contrarreloj que depende de esa otra «carta», la del acuerdo.