Retos para el Comité de Expertos Fiscales

Dura y difícil tarea la que tendrá el conocido como «Comité de Personas Expertas» para preparar un libro blanco de reforma fiscal que, siguiendo una tradición de nuestra democracia, ha sido encargado a un total de 16 académicos de derecho financiero y tributario, hacienda pública y economía aplicada, para abordar la siempre manida reforma necesaria de nuestro sistema tributario.

Su cometido esencial es el de abordar las reformas del sistema tributario que permita mantener nuestros ingresos públicos a un nivel suficiente para asegurar los gastos necesarios de nuestro Estado del Bienestar y cumplir con el objetivo de equilibrio presupuestario a medio plazo. Ingresos, hoy lejos de permitir el citado equilibrio a que se refiere nuestra Constitución, o facilitar el cumplimiento de los objetivos de déficit o deuda derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que previsiblemente también seguirán en suspenso el próximo 2022.

Deberá este comité de expertos analizar el sistema tributario y los restantes ingresos públicos, bajo premisas de suficiencia, equidad y eficiencia del sistema, sin olvidar las tendencias internacionales y abordar nuestro modelo territorial e integración europea. El encargo insta a los expertos, de forma concreta, también a realizar un análisis técnico sobre la fiscalidad medioambiental, la corporativa y la tributación de la economía digital, la patrimonial y la «fiscalidad de las actividades económicas emergentes».

En la travesía de nuestros expertos, observamos importantes marejadas que limitarán su margen de actuación. Las propuestas, por ejemplo, que pudieran hacerse en tributación ambiental, podrían verse limitadas por las políticas ya materializadas en el proyecto de ley sobre residuos y suelos contaminados, que introduce un nuevo impuesto especial sobre envases plásticos de un solo uso y el impuesto sobre depósito, incineración o coincineración de residuos, y en mayor medida por el paquete Fit for 55 presentado el 14 de julio por la Comisión Europea para alcanzar el objetivo de descarbonización en 2030, y que conlleva presentar no menos de 13 directivas, como la de la fiscalidad de la energía, el ajuste fiscal en frontera al carbono o sobre los derechos de emisión de C02.

Situación similar tendrán los académicos en lo referido a la imposición corporativa y digital. Nuestro compromiso, ya manifestado por las ministras del ramo, es sumarnos al G7, confirmado por el G20, para participar del trabajo conjunto a desarrollar dentro del Inclusive Framework de la OCDE, para asegurar una tributación mínima para las multinacionales del 15%, y la supresión –en compensación a EE UU–, de los impuestos nacionales sobre servicios digitales, como el español.

Mayor esperanza hay en sus propuestas sobre imposición patrimonial, donde debe primar el facilitar la continuidad de la empresa familiar, lejos de dogmas, y la búsqueda de puntos de encuentro, que es donde –en materia fiscal– suele encontrarse la virtud. Y críptico se me antoja el apartado de actividades emergentes, un cajón de sastre para proponer gravámenes sobre comportamientos nocivos, capacidades económicas o manifestaciones de riqueza, que deberían evitar «experimentos» que incidan negativamente en el desarrollo de actividades económicas o generen daño reputacional.

A finales de febrero conoceremos las conclusiones alcanzadas, y más tarde veremos si, además de marcar un rumbo doctrinal, los expertos convencen a los poderes públicos de que sus propuestas pueden llevar el barco a buen puerto.