Piden ocho años de cárcel para dos exconsejeros socialistas por ayudas a empleados de Delphi

La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de cárcel para los exconsejeros de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y Manuel Recio por las ayudas de 33 millones de euros concedidas al entramado de sociedades del también exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, ya fallecido, para los cursos de formación de los extrabajadores de la multinacional de automoción Delphi. En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal delegado Fernando Soto Patiño acusa a ambos exconsejeros de Empleo de los delitos de prevaricación administrativa continuada y malversación de caudales públicos continuado.

Solicita para ambos la pena de ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por veinte años. Para Antonio Fernández pide una responsabilidad civil por los gastos de contratación, es decir sueldos y gastos de Seguridad Social pagados a los extrabajadores, de 14 millones de euros. En el caso de Manuel Recio, la responsabilidad civil que se le exige por el mismo concepto es de 4,1 millones de euros.

Junto a ellos serán juzgadas otras seis personas acusadas de fraude de subvenciones para las que el fiscal pide cinco años de prisión y pérdida durante seis años de la posibilidad de obtener ayudas o subvenciones públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Entre ellos, según indican los diarios del grupo Joly, que ha adelantado la información, está Marcos Ojeda, hijo de Ángel Ojeda, a quien el fiscal pide que asuma también una responsabilidad civil de 7,9 millones de euros por las cantidades defraudadas y distraídas a través de tres entidades.

El fiscal enmarca los hechos en el “Dispositivo de tratamiento singular” que la Junta de Andalucía puso en marcha para atender de forma específica a los trabajadores de la Bahía de Cádiz afectados por el cierre, en julio de 2007, de la multinacional Delphi. Explica que este dispositivo se desarrolló en tres fases. Una primera, de dos años, en la que los trabajadores despedidos recibían las prestaciones de desempleo y formación.

Una segunda, de 2009 hasta 2011, en la que una serie de empresas y entidades impartieron formación a los acogidos al Dispositivo de Tratamiento Singular, “simulando una contratación laboral” en la que el coste de la formación y de la contratación se financió también a través de subvenciones directas .Y una tercera, entre marzo de 2011 y septiembre de 2012, en la que los extrabajadores de Delphi que seguían sin ser recolocados participaron en otro proyecto formativo, también mediante una relación laboral simulada, unos contratos que les permitieron que, gracias a los nuevos períodos de cotización a la Seguridad Social, pudieran, al término de esta formación, acceder a nuevas prestaciones por desempleo.

En total se subvencionaron con 105 millones de euros proyectos de formación que “se disfrazaron de contratación laboral”. El escrito del fiscal se refiere a los hechos “encuadrados en la segunda fase”, ya que “por el resto de dispositivos se tramitan procedimientos aparte”. Relata que los exconsejeros de Empleo, Fernández primero y Recio después, pusieron en marcha “un sistema de concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias” que se tramitaron por el procedimiento de concesión directa. Cuando los extrabajadores de Delphi concluían el periodo en el que recibían sus prestaciones por desempleo, en el verano de 2009, Antonio Fernández “convocó a una reunión informal a Ángel Ojeda Avilés”, quien “era notoriamente conocido por ser beneficiario en la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía, al haber sido consejero de Hacienda de la Junta y su proximidad a esta administración y el Partido Socialista”.

El fiscal enmarca en “una decisión caprichosa del consejero Fernández” la de ofrecer al exconsejero de Hacienda “la gestión de una ingente cantidad de subvenciones a través de empresas y entidades bien propiedad, bien indirectamente controlada por Ángel Ojeda”. En la propuesta que se le trasladó a Ojeda “se le hizo ver la necesidad de simular contrataciones” con los exempleados de Delphi. ”Salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la propia Junta de Andalucía a través de las empresas y entidades de Ojeda”, añade el fiscal. ”Así las entidades que ofrecía Ojeda, meros testaferros de su voluntad, contratarían a los trabajadores del dispositivo singular, pero siempre con financiación pública”, en un sistema de asistencia social a los exempleados de Delphi “diferenciándolos del resto de ciudadanos españoles, y paralelo al que ofrece el ordenamiento español”.