El decreto que regulará la evaluación de los funcionarios de la Junta de Andalucía ya está en información pública

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha abierto este viernes el plazo para someter a información pública el proyecto de decreto por el que se regulan la evaluación del desempeño y la carrera horizontal en la administración general de la Junta para que la ciudadanía, entidades, asociaciones, organizaciones y colectivos interesados puedan realizar las observaciones, alegaciones y aportaciones.

Estos dos nuevos complementos que percibirán los funcionarios son uno de los puntos clave del reciente acuerdo alcanzado con los sindicatos de función pública que van a permitir no solo mejoras laborales y salariales de los empleados públicos sino también una auténtica transformación de la administración andaluza, según se recoge en una nota de la Junta, apuntando que se garantizarán plantillas más estables cuya experiencia redundará en la calidad del servicio y fomentarán la implicación y mejora continua para una administración orientada a resultados y a la excelencia en la atención a la ciudadanía.

La resolución que inicia el trámite, por vía de urgencia, fue publicada ayer jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en una edición extraordinaria (https://lajunta.es/65ke0) para que, desde este viernes y durante siete días hábiles, se pueda consultar el borrador del Decreto y realizar alegaciones (https://lajunta.es/65ke1).

La Ley de Función Pública de 2023 regula la evaluación del desempeño y la carrera horizontal.

La norma aprobada por el Gobierno de Juanma Moreno, que sustituyó una regulación "obsoleta" de 1985, contempla la carrera horizontal para permitir a los empleados públicos promocionar en su desarrollo profesional sin tener que cambiar de puesto, lo que redundará en la estabilidad de las plantillas, según la Junta.

Para ello, prevé el ascenso en un sistema de tramos mediante la valoración positiva, objetiva y reglada de un conjunto de factores, entre ellos el resultado de una evaluación del desempeño que medirá y valorará su conducta profesional, rendimiento y la contribución al logro de resultados.

El proyecto de decreto regula un procedimiento técnico y objetivo para esa evaluación del desempeño, sustentado en los principios de transparencia, imparcialidad, fiabilidad y adecuación a las funciones efectivamente desempeñadas, garantizando a su vez la participación y el derecho a la información de los empleados públicos.

Además, conjuga tanto la evaluación individual de cada profesional como la valoración del rendimiento global de las unidades administrativas, reforzando la cooperación interna y la orientación al logro de los fines públicos.

El objetivo es que el progreso profesional de los empleados públicos "no dependa únicamente de la provisión de puestos, sino de la acreditación de la competencia, el compromiso y la contribución al interés general".

Con ello, la Junta se apoya en su "capital humano para incrementar la eficacia organizativa y la calidad de los servicios públicos para consolidar una Administración moderna, eficiente, transparente y plenamente comprometida con la ciudadanía".

"Se crea así un nuevo contrato social entre la administración y su personal para prestar el mejor servicio público", según se recoge en la nota.

La evaluación del desempeño y la carrera horizontal se vinculan directamente con un reconocimiento retributivo en base a un sistema de competencias que permite identificar, acreditar y valorar el desarrollo profesional con instrumentos objetivos, procedimientos transparentes y el principio de equidad.

Asimismo, incorpora los "valores de integridad, profesionalidad y servicio público en coherencia con los objetivos de gobierno y teniendo en cuenta la perspectiva de género, la accesibilidad universal y la conciliación".

IMPLANTACIÓN PROGRESIVA

La implantación del sistema se realizará de forma progresiva y en estrecha colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), responsable de la gestión por competencias y de los programas de formación y acreditación profesional.

Su aplicación será gradual, homogénea y sostenible para consolidar un modelo de evaluación maduro y adaptado a la diversidad funcional de la Administración andaluza.

En cada consejería, agencia y organismo se crearán órganos técnicos de evaluación, revisión y seguimiento, de carácter colegiado y con la participación de las organizaciones sindicales representativas en la Mesa Sectorial, para garantizar la objetividad, la transparencia y la calidad técnica del proceso evaluador.

Estarán presididos por los responsables en materia de personal de cada organismo e integrados por al menos tres miembros designados entre personal funcionario de carrera.

Con este son ya tres los decretos elaborados para desarrollar la Ley de Función Pública de Andalucía en apenas dos años y medio desde su aprobación, tras la regulación de nuevos sistemas de acceso al empleo público y de selección y provisión de puestos y del teletrabajo, según ha señalado la Junta.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública comenzará ya a negociar un cuarto texto para regular las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), las retribuciones, el sistema integrado de recursos humanos y el Registro General de Personal.