Fertiberia: nuevo varapalo con los fosfoyesos de Huelva

Nuevo revés para Fertiberia. El proyecto de la empresa química para sellar los fosfoyesos apilados en la marisma de Huelva fue recurrido, ya que no convencía a la Mesa de la Ría ni la comunidad científica, que denunció filtraciones de aguas ácidas. «Fertiberia sigue los pasos de Boliden al desoír los avisos», señalaron. Ahora, la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), ha pedido ante la Audiencia Nacional (AN) que el proyecto de Fertiberia para la restauración de las balsas de fosfoyesos de Huelva sea sometido a una nueva evaluación de impacto ambiental, según el escrito de alegaciones presentado por el Abogado del Estado a la comunicación realizada por Fertiberia a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la AN en la que informa de la obtención de todos los permisos y autorizaciones necesarias para iniciar la ejecución del proyecto conocido como Restore 20-30, citado por Efe y Europa Press.

En el año 2010 la Audiencia Nacional ordenó a Fertiberia el cese definitivo de los vertidos tóxicos a la marisma de Huelva y la reparación inmediata del entorno. Los fosfoyesos generados por la producción de fertilizantes durante más de cuatro décadas se fueron apilando en balsas, dando lugar a un enorme vertedero radioactivo de más de 1.200 hectáreas. Algunas de esas balsas «se encuentran apoyadas directamente sobre suelo desnudo de marisma, sin ningún tipo de aislamiento, existiendo salidas de aguas ácidas que descargan directamente en el entorno», según el estudio elaborado por la Universidad de Huelva, el más completo hasta la fecha.

La Abogacía del Estado, en representación del Miteco, ha pedido ante la Audiencia Nacional, a través de una alegación, que Fertiberia «no ejecute» el proyecto Restore 20/30 para la regeneración de la zona de las balsas de fosfoyesos de Huelva «sin una nueva evaluación ambiental» debido a que la administración «tiene seria dudas” sobre “la idoneidad» del mismo.

El escrito de la Abogacía del Estado informa de que Fertiberia «ha obtenido todos los permisos y autorizaciones sustantivas necesarias para iniciar la ejecución del proyecto», por lo que «una vez que el Ayuntamiento de Huelva le conceda la licencia de obras (hecho que se comunicará puntualmente), iniciará la ejecución del proyecto». Ante esta situación, la Abogacía del Estado presenta dos objeciones.

La primera discrepancia es que el proyecto de clausura de las balsas de fosfoyesos «debe ser confirmado por la Sala antes de que se inicie su ejecución», tal y como se recoge en el Auto de 21 de octubre de 2016, y es ésta la que «debe otorgar su idoneidad», según recogió Europa Press. «Con independencia de lo que esta Sala decida en su día acerca de la idoneidad del proyecto, correspondía a la Administración del Estado emitir un juicio sobre su idoneidad antes de proceder a su tramitación ambiental», señala, por lo que «se ha emitido el ‘octavo informe definitivo de idoneidad’ de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, tras lo cual las partes habrán de tener ocasión de examinar los informes y realizar las alegaciones que estimen pertinentes al respecto en el procedimiento de tramitación ambiental y aprobación del proyecto».

La segunda objeción al proyecto de clausura de los fosfoyesos, «en consecuencia», radica en las «serias dudas» del Ministerio acerca de la «idoneidad» del mismo, aludiendo a dos informes, con fechas de noviembre de 2020 y enero de 2023, en los que informa sobre el estado de tramitación de los distintos procedimientos y actuaciones.

La directora general de la Costa y el Mar «trasladó la Declaración de Impacto Ambiental aprobada con fecha 23 de septiembre de 2020», en la que «se hacía partícipe a la Sala de las importantes dudas que generaba el Proyecto para el Ministerio», recoge Europa Press. Se advertía de que, «de confirmarse por la Sala la idoneidad del Proyecto en su actual versión, el control ambiental de los trabajos corresponde a la Junta, además de que, al tratarse del sellado de un vertedero, la Administración autonómica resulta competente en materia de residuos y suelos contaminados».

En el Informe de enero de 2023, la directora general de la Costa y el Mar trasladó diferentes manifestaciones de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre en las que llamaba la atención sobre «las dudas que, a la vista de las conclusiones del informe elaborado por la Universidad de Huelva, suscita tanto el proyecto presentado para la zona 4, como el que fue objeto de la Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, y que amparaba las actuaciones a llevar a cabo en las zonas 2 y 3». En la alegación del Ministerio se alude a los estudios de la Universidad de Huelva que «exponen carencias detectadas en el proyecto presentado, como aquellas que afectan al funcionamiento hidrogeológico de las marismas subyacentes, la propia estabilidad de los depósitos de fosfoyesos, los efectos derivados que pueden afectar a la cadena trófica y ecología de la zona de actuación y la preocupación de la población y posibles efectos a la salud de los residuos».