Compromiso “firme” e “indeclinable” con la educación inclusiva

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reiteró hoy su compromiso “firme” e “indeclinable” con la educación inclusiva gracias a los apoyos efectivos y personalizado al alumnado con discapacidad. Un horizonte hacia el que hay que caminar con “total” determinación y colaboración con la comunidad educativa, con el liderazgo de las administraciones educativas y mediante el diálogo con el sector social de la discapacidad.

Con motivo del Día de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tres menores de Castilla y León leyeron un manifiesto que destacó que la inclusión, el bienestar y los derechos del colectivo deben comenzar desde el principio. Por lo tanto, desde la infancia ya que advirtieron que los niños con discapacidad y su entorno familiar están más expuestos a la “quiebra” de sus derechos y a sufrir la carencia de apoyos y recursos que comprometan su proceso de inclusión en esta primera etapa decisiva de sus vida y que condicionará “gravemente” las posteriores.

Y es que tal y como leyó Ferdaouse El Kachaf, con seis años de Aspace Salamanca, los  niños con discapacidad tiene que relacionarse e interactuar como el resto de menores, en entornos compartidos, inclusivos  y respetuosos, sin que sean admisibles separaciones decisivas que los aparten de la vida en comunidad. Para ello, Cermi apuesta por proporcionar y asegurar un itinerario “eficaz” de inclusión que pasa por una actuación adecuada de los sistemas públicos de servicios sociales, salud y educativos.

El documento destacó que la atención temprana y el desarrollo infantil deben regularse como derechos subjetivos exigibles, vinculantes, universales y gratuitos para toda la infancia con discapacidad. Para ello, Cermi demandó la detección, el diagnóstico precoz y la prestación ortoprotésica para la infancia con discapacidad, “de manera inmediata, sin restricciones, barreras ni dilaciones”.

Por su parte, Adriana Ruiz, de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas, se refirió al agravio económico por motivos de dispacidad ya que son familias que ingresan menos y gastan más. De ahí, la necesidad de prestar una consideración especial a la discapacidad para otorgarle el “mejor” tratamiento en todas las políticas y sistemas de protección social y de salud que compense o al menos atenúe ese “castigo” económico añadido.

Carolina Triana, de Plena Inclusión Castilla y León, leyó la parte del manifiesto de Cermi que hacía referencia a la discapacidad en el medio rurla, que sufre una exclusión “acentuada”, con muchos menos recursos. “Los niños con discapacidad y sus familias deben figurar como dimensión específica en todas las políticas públicas de desarrollo rural inclusivo y de lucha contra la despoblación”, expuso.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, destacó que Castilla y León ha sido “especialmente” sensible en potenciar la inclusión desde el primer momento para crear espacios para el “máximo” desarrollo de sus potencialidades. No en vano, apuntó que la atención temprana se ha reforzado al considerar que es una prestación “esencial” del sistema de Servicios Sociales, que en ocasiones es desconocida pese a ser de carácter universal y gratuita. “En la Comunidad se atiende al cien por cien de los niños que lo necesitan desde su nacimiento”, señaló. Se refirió a que un total de 3.415 menores se atendieron en el último año entre los niños de cero y tres años.

Y es que precisó, según recogió la Agencia Ical, que todos los niños tienen un plan individual de intervención sobre el que se apoya a los menores y a sus familias de cara a mejorar su evolución personal y reforzar las propias competencias de las familias para fomentar la inclusión social de ambos.

Durante su participación en acto de Cermi con motivo del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, Blanco significó que la Comunidad es amplia y muy dispersa pero dejó claro que la atención debe realizarse con independencia de si el usuario vive en el entorno rural o urbano. De ahí que avanzara la apuesta decidida por las unidades de valoración con la construcción de un nuevo dispositivo en León capital, que se sumará a la puesta en marcha recientemente en Ponferrada para evitar los desplazamientos. También se continuarán con las entidades colaboradoras  que trabajan junto a los municipios del entorno rural.

“Nuestro objetivo es que las personas con discapacidad puedan vivir una vida independiente como ciudadanos de pleno derecho y en igualdad con el resto de las personas”, añadió. En este sentido, la consejera mencionó la igualdad en el acceso a los servicios y los recursos, el acceso al trabajo, tener una vida autónoma y atención en el derecho a decidir para tener un proyecto de vida “propio” y “con sentido”. Pese a reconocer que se ha avanzado mucho, sobre todo las que requieren de más apoyos, gracias al “importante” movimiento asociativo, aseguró que aún queda camino por recorrer.

Proyectos legislativos

Isabel Blanco recordó que la Comunidad continuará con los dos proyectos legislativos que continuarán su tramitación durante la nueva legislatura que supondrán un impulso “significativo” en el avance de los derechos y la protección de las personas con discapacidad y dependientes. En primer lugar, citó la ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día para cuidados de larga duración, tanto para personas mayores como con discapacidad. El segundo es la ley de apoyos al proyecto de vida de las personas con discapacidad, que será “novedosa” y “pionera” al consolidar el modelo de atención centrado en la persona y orientada a la promoción de su derecho a participar en la toma de posesiones de su propio proyecto de vida. “Queremos garantizar la atención continua y especializada durante todas las etapas de su vida y cubrir los apoyos desde el principio, desde la infancia”, sentenció.

En presencia del presidente de Cermi Castilla y León, Juan Pérez, apuntó que la entidad es un ejemplo de compromiso, solidaridad y profesionalidad con las personas con discapacidad en Castilla y León, además de ser un socio “imprescindible” de la Junta para cumplir lo recogido en la Convención Internacional sobre los Derechos del colectivo.