Buenas noticias para los amantes de la caza y la pesca en Castilla y León. Y es que las Cortes de han aprobado este miércoles, con una amplia mayoría formada por los votos de PP, PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Por Ávila -solo votaron en contra el exvicepresiente de la Junta Francisco Igea y el representante de Unidas Podemos Pablo Fernández-, la Ley de bonificación de tasas veterinarias, de caza y pesca y de expedición de certificados profesionales que registró el pasado junio el Grupo Popular.

El artículo único de esta norma, tramitada por la vía de urgencia de la lectura única, plantea en concreto la prórroga hasta 2027 de las bonificaciones sobre las cuotas de la tasa por prestación de servicios veterinarios y de la tasa por expedición o reconocimiento de licencias quinquenales de caza de la clase A y B y de la licencia quinquenal de pesca y de la exención de la tasa por expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados.

La medida mantiene la bonificación del 95 por ciento de las tasas veterinarias, así como del cien por cien de las licencias de caza y pesca y otros certificados de profesionalidad.

La procuradora ‘popular’ Lorena de la Fuente, defendía en su intervención la "marcada vocación agrícola y ganadera” de Castilla y León y de su partido, “siempre comprometido con el campo y el mundo rural en todas sus expresiones”, por lo que la prórroga de las bonificaciones busca “el alivio del bolsillo de los ciudadanos” bajo al convicción de que “se pueden prestar servicios de calidad a la vez que se rebajan impuestos y cargas fiscales”.

La ley, decía, bonifica a los ganaderos en “muchas situaciones a las que se enfrentan a diario” por las tasas veterinarias, a cazadores y pescadores por la realización de esta actividad vinculada al medio rural, y la exención de la tasa de profesionalidad permite que cualquier persona obtenga certificados que acrediten su formación y tenga mayores oportunidades laborales. “Son un apoyo directo al sector ganadero y al medio rural, tan tocado”, finalizaba.

Desde Voz, María Isabel Pérez Martín aseguraba que los ganaderos de Castilla y León “están asfixiados” pese a suponer el 50 por ciento de la producción agraria y ser “la columna vertebral de nuestro mundo rural”, debido a la inflación de los costes de producción y los ataques del lobo que “nadie frena de verdad”, así como por las “draconianas exigencias climáticas de Bruselas”, afirmaba, en declaraciones recogidas por Ical.

Desde el Grupo Mixto, Francisco Igea planteaba que esta proposición es “el ejemplo de la desvergüenza política”, dado que “en la misma sesión, hemos oído argumentar que no se podía apoyar una Proposición de Ley porque iba a costar 10 millones de euros” mientras que “la rebaja clientelar que se plantea hoy”, en relación a la tasa de caza y pesca, supondrá “solo en dos años, 26 millones de euros”, en palabras, según Igea, del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

También Pablo Fernández, de Unidas Podemos, criticaba la medida planteada por el Partido Popular bajo la premisa de que “como llegan las elecciones, hacen una política de regalos fiscales”.

Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales

Por otro lado, las Cortes han dado luz verde, con los votos de la oposición y la abstención del PP y de los dos procuradores no adscritos -como anécdota, el consejero Fernández Carriedo voto en contra- , a que se comience a tramitar la proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales, registrada por el Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya. Objetivo: incluir mejoras en los salarios y las condiciones laborales.

Una iniciativa legislativa registrada en mayo y que fue descartada por la Mesa de las Cortes en septiembre por el informe contrario de la Junta ya que estimaba iba a suponer un gasto adicional de al menos 10,64 millones de euros pero que se rescató en octubre y ahora da inico a su recorrido parlamentario. Desde el PP aseguran que será “imposible” completar la norma en esta legislatura.

El portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, defendía esta iniciativa legislativa ante el Parlamento autonómico que propone la creación del cuerpo de agentes medioambientales para lo que define sus competencias y atribuciones, con el objetivo de fortalecer su papel en la protección del medio ambiente. También, aborda aspectos clave como la dotación de medios materiales, la formación continuada, la promoción profesional o la integración en el grupo de titulación exigida.

Satisfacción en CSIF

Desde el sindicato CSIF valorna positivamente esta medida "ya que supone un paso histórico para el colectivo. Si bien, la central independiente recuerda que a pesar de custodiar más de la mitad del territorio de Castilla y León y de contar con unas funciones de especial complejidad, como la persecución de delitos ambientales, la lucha contra el furtivismo o la realización de rescates en el medio natural, los agentes medioambientales no cuentan con una norma autonómica “que les respalde”.

La Proposición de Ley cuenta con el apoyo de los agentes medioambientales y posibilitará el desarrollo de la normativa básica nacional de agentes forestales y medioambientales, Ley 4/2024, que ahora se está incumpliendo de forma premeditada por parte de la Junta de Castilla y León, al igual que la de bomberos forestales (Ley 5/2024), algo incomprensible después de lo que hemos vivido este verano explica CSIF.

CSIF valora que la Proposición de Ley definirá de manera inequívoca las competencias de esos profesionales, fortaleciendo su papel mediante la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales en la Comunidad. “Aborda aspectos esenciales para los trabajadores del sector, como la dotación de medios materiales para poder desarrollar su trabajo adecuadamente, formación continuada, promoción profesional o la integración en el grupo de titulación exigida, reivindicaciones demandadas históricamente”, señala el sindicato independiente.

De este modo, con la nueva normativa autonómica se pretende que la Comunidad de Castilla y León se ponga a la cabeza de la defensa integral del medio ambiente y la protección de los entornos rurales, con atención especial a la superficie forestal, que representa más del 50% del territorio castellano y leonés, con más de 5 millones de hectáreas de masa forestal, de las que más de 3 millones de hectáreas son de arbolado.

CSIF resalta que el colectivo de los agentes medioambientales constituye un servicio esencial, ya que dirige el operativo de la extinción de incendios forestales en más del 90 por ciento. siendo las más afectadas las provincias de Zamora, León y Salamanca; participa en el rescate de personas en el entorno natural; o colabora en emergencias, como ocurrió en la pandemia de 2020 o en la reciente DANA que ha asolado Valencia.