La ciudad de León se convierte esta semana en el escenario clave del conflicto que atraviesa la asociación profesional de guardias civiles Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), la agrupación con mayor representación en el Consejo de la Guardia Civil. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de León -- ciudad donde está inscrita esta asociación -- citaba a declarar este jueves al secretario general de la asociación, tras la reclamación presentada por varios socios y exresponsables provinciales que denuncian haber sido presionados y a los que han abierto expedientes disciplinarios de forma irregular y sin fundamento estatutario.

Según la denuncia, los demandantes fueron privados de participar en la Asamblea extraordinaria celebrada en Madrid el pasado 10 de marzo, en la que se abordaron cuestiones de gran calado sobre el futuro de la asociación. La decisión, afirman, se produce sin haber resuelto los expedientes disciplinarios y sin que existiera causa objetiva recogida en los estatutos de JUCIL, vulnerando derechos fundamentales de los asociados.

Esta acción judicial está promovida por la plataforma Regeneremos JUCIL, un movimiento nacido dentro de la asociación ante lo que consideran como una preocupante deriva autoritaria del actual Comité Ejecutivo Nacional (CEN). La plataforma agrupa a afiliados que han expresado públicamente su rechazo a la opacidad en la gestión, a las reformas estatutarias restrictivas y a la marginación de voces críticas en el seno de la organización.

Regeneremos JUCIL ha advertido en repetidas ocasiones que la actual dirección pone en riesgo la credibilidad y legitimidad de la organización, fundada sobre principios de participación democrática y defensa de los derechos profesionales de los guardias civiles. La exclusión de socios, el control interno del poder de decisión y la falta de rendición de cuentas han sido algunas de las denuncias reiteradas por esta corriente interna.

A este proceso se suma la denuncia penal interpuesta el pasado 10 de febrero en León, en la que se acusa al secretario general de presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal. El uso de fondos de la asociación, según esta denuncia, se habría realizado sin el debido control ni justificación.

La denuncia recoge numerosas irregularidades en la gestión económica, entre ellas: destacan:

• Uso de la tarjeta corporativa de JUCIL para cubrir gastos personales, incluyendo alojamiento en hoteles, restaurantes y compras en comercios no relacionados con la actividad de la asociación.

• Manipulación de los registros contables para justificar gastos personales como reuniones de trabajo.

• Duplicación de gastos en repostajes y comidas sin justificación en la actividad de la organización.

• Omisión de ciertos gastos en los informes contables oficiales, impidiendo su correcta fiscalización.

Con esta nueva fase judicial, León se convierte en el epicentro de un intento por recuperar los principios fundacionales de JUCIL, una asociación que ha alcanzado una posición mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil gracias al apoyo de miles de profesionales que ahora, según sus propios compañeros, ven traicionados sus valores.

JUCIL nace en 2018 como una prolongación del movimiento Jusapol (Justicia Salarial Policial), surgido a finales de 2017, que reunió a guardias civiles y policías nacionales con un objetivo común: la equiparación salarial y de condiciones laborales con las policías autonómicas, especialmente los Mossos d'Esquadra. Este movimiento de base, surgido desde la indignación por las desigualdades persistentes, dio lugar primero a JUPOL (en la Policía Nacional) y posteriormente a JUCIL, como instrumento legal para canalizar la representación asociativa dentro de la Guardia Civil.

Desde entonces, JUCIL ha crecido de forma exponencial, situándose como la segunda asociación por número de afiliados en la Guardia Civil, y la primera en representación en el Consejo de la Guardia Civil, con seis delegados. Su trayectoria ha estado marcada por la defensa de mejoras laborales, la lucha contra las desigualdades internas y el objetivo constante de profesionalizar y dignificar la labor de los guardias civiles.

Este contexto hace aún más delicado el momento actual. La fractura interna que afronta la organización no solo pone en cuestión su modelo de gobernanza, sino también la continuidad de un proyecto que ha logrado representar con firmeza a miles de servidores públicos. Las próximas decisiones judiciales serán claves para definir el rumbo de la asociación más influyente del Instituto Armado.