ERC busca el apoyo del poder económico para sacar adelante su consorcio de inversiones para Cataluña

Oriol Junqueras ha dado un paso más en su estrategia para sacar adelante una de sus principales apuestas económicas: la creación de un consorcio de inversiones para Cataluña. Con la vista puesta en una votación clave en el Congreso a finales de abril, el líder de ERC ha decidido ampliar el foco de presión más allá del ámbito político y buscar el respaldo del empresariado catalán.

Este lunes, desde la sede del partido en Barcelona, Junqueras anunció que los republicanos llevarán al Congreso la proposición de ley que regula este nuevo organismo. Sin embargo, el éxito de la iniciativa no está garantizado. Como ocurre con otras medidas clave, el proyecto necesita el apoyo de la mayoría que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez, incluidos los votos de Junts, que por ahora se muestra reticente. La votación prevista para finales de abril será solo el primer paso: el trámite de admisión a debate. Si supera este filtro, se abrirá un periodo de enmiendas que podría facilitar la incorporación de propuestas de otros grupos. En este contexto, ERC confía en que Junts acabe sumándose al proyecto, ya sea por convicción o por la presión política y social.

Ante este escenario, ERC ha optado por una doble vía: presión institucional en Madrid y búsqueda de complicidades en Cataluña. El movimiento más significativo ha sido el acercamiento al denominado G8 empresarial catalán, con el que se reunió ayer, un grupo que agrupa a algunas de las principales organizaciones económicas del territorio. El objetivo es claro: explicar las supuestas ventajas del consorcio y generar un clima favorable que acabe influyendo en las decisiones políticas.

Junqueras defendió que la iniciativa responde a un problema estructural: el bajo nivel de ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña. Según recordó, históricamente solo se materializa alrededor del 60% de lo presupuestado, e incluso cifras recientes lo sitúan muy por debajo. Para el líder republicano, este déficit justifica la necesidad de crear un organismo específico que supervise, planifique y coordine estas inversiones.

El consorcio, pactado con el PSOE, se concibe como un espacio de gestión compartida entre la Administración General del Estado y la Generalitat. Tendría carácter paritario, con representación de ambas partes, y estaría adscrito al Estado. Su función principal no sería ejecutar directamente las obras, sino garantizar que las inversiones previstas se traduzcan en proyectos reales mediante planificación plurianual, seguimiento y evaluación.

Desde ERC sostienen que la implicación de la Generalitat aportaría mayor agilidad y fiabilidad a un sistema que, a su juicio, ha demostrado importantes carencias. El objetivo final es ambicioso: elevar el nivel de ejecución de las inversiones hasta cerca del 95%, una cifra muy superior a la registrada en los últimos años.

Ejemplos

Más allá de su estructura, Junqueras también ha querido poner ejemplos concretos del impacto que podría tener el consorcio. Entre ellos, destaca la creación de un eje ferroviario orbital que conecte ciudades como Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers y Mataró sin necesidad de pasar por Barcelona. Una infraestructura que, según el líder de ERC, permitiría romper la actual radialidad del sistema ferroviario.

El proyecto también contempla mejoras en otras infraestructuras clave, como la AP-7, la N-260, los accesos a los puertos de Barcelona y Tarragona o las conexiones ferroviarias en Lleida y con Francia. Todo ello bajo la premisa de corregir años de lo que los republicanos consideran una falta de inversión sostenida.