El acuerdo entre la Generalitat de Cataluña y los comuns para limitar la compra de vivienda en zonas de mercado tensionado ha abierto un nuevo frente de confrontación con el mundo empresarial. La reforma, que se incorporará como anexo a la ley de urbanismo y que el ejecutivo catalán pretende aprobar por la vía de lectura única antes del verano, busca frenar la especulación inmobiliaria otorgando a los ayuntamientos amplias competencias para restringir la adquisición de viviendas.

La medida permitirá a los consistorios aprobar planes especiales que limiten la compra de pisos a personas físicas. Estas restricciones solo se aplicarán en áreas declaradas tensionadas y mientras mantengan esa condición. El pacto establece, además, un trato diferenciado entre pequeños propietarios y grandes tenedores, con fuertes limitaciones para estos últimos, que solo podrán adquirir edificios completos y deberán destinarlos íntegramente al alquiler residencial regulado.

"Medida filocomunista"

Desde Foment del Treball, la valoración es abiertamente negativa. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, considera que la Generalitat está utilizando el derecho urbanístico para intervenir de forma creciente el mercado inmobiliario y trasladar al propietario privado el coste de una política de vivienda que, a su juicio, ha fracasado durante la última década. En su opinión, el Govern “no ha sido capaz de producir vivienda asequible” y ahora pretende compensar esa incapacidad “limitando derechos fundamentales como la propiedad privada”. Así, Sánchez Llibre ha calificado, directamente, de "filocomunistas" las medidas pactadas entre Salvador Illa y los comuns.

Foment advierte de que este tipo de políticas proyectan una imagen negativa de Cataluña en el exterior y generan inquietud entre los inversores. Sánchez Llibre sostiene que la acumulación de medidas intervencionistas —como la regulación de los alquileres de temporada o el incremento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 8% al 20%— dibuja un escenario de inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión y penaliza la actividad económica. “Vamos en la dirección contraria al crecimiento”, lamenta, al tiempo que alerta de un proceso de “socialización encubierta de la propiedad privada”.

El presidente de la patronal subraya que el problema de fondo no es la especulación, sino el déficit estructural de vivienda. Según datos de la propia Generalitat, Cataluña necesita unas 25.000 viviendas libres y asequibles al año, pero en los últimos diez años apenas se han construido 15.000, de las cuales solo 1.500 han sido de protección oficial. El resultado, según Foment, es un déficit acumulado de alrededor de 100.000 viviendas.

En este contexto, la patronal cuestiona la eficacia de seguir endureciendo la regulación. Sánchez Llibre se pregunta qué cabe esperar ahora si, incluso en una década sin restricciones tan severas sobre la propiedad privada, la producción de vivienda ha sido claramente insuficiente. A su juicio, pretender que el sector privado asuma la construcción de entre 35.000 y 40.000 viviendas asequibles mientras se incrementan las limitaciones y la intervención pública es una contradicción que acabará reduciendo aún más la oferta.

Foment teme que la reforma tenga un efecto disuasorio sobre promotores e inversores y complique todavía más la promoción de vivienda protegida. “No se puede regular e intervenir constantemente sin pagar un precio”, advierten desde la patronal, que insiste en que sin estabilidad normativa y sin incentivos claros, el mercado no podrá responder a las necesidades habitacionales de Cataluña.