De prohibir la compra de pisos a regalar preservativos: el pacto de Illa con los comuns para los presupuestos

Cataluña está un poco más cerca de tener presupuestos tras semanas de negociación política intensa. El Govern ha cerrado un acuerdo con los comuns que despeja uno de los principales obstáculos para aprobar las cuentas, aunque el camino no está del todo allanado: todavía falta convencer a ERC, que exige avances sustanciales en la recaudación del IRPF y en el consorcio de inversiones pactado con el Estado. Mientras ese frente sigue abierto, el pacto entre el ejecutivo de Salvador Illa y la formación liderada por Jéssica Albiach fija ya las principales líneas sociales y económicas del proyecto presupuestario.

El acuerdo será rubricado este jueves en el Palau de la Generalitat y tiene como pieza central la aceptación por parte del Govern de una de las grandes líneas rojas de los comuns: prohibir la compra especulativa de vivienda en Cataluña.

Prohibición de la compra especulativa de vivienda

El pacto incorpora como anexo la modificación de la ley de urbanismo para limitar de forma efectiva las operaciones especulativas en el mercado inmobiliario, una reforma que Govern y comuns quieren tramitar por la vía de lectura única en el Parlament para que pueda entrar en vigor antes del verano.

La nueva normativa permitirá a los ayuntamientos aprobar planes especiales de urbanismo que restrinjan la compra de vivienda a personas físicas con el objetivo de residir en ella. Estas limitaciones se aplicarán exclusivamente en zonas declaradas de mercado tensionado y mientras mantengan esa condición. El objetivo es que los consistorios puedan activar estas herramientas.

El acuerdo establece un trato diferenciado entre pequeños y grandes propietarios. Los pequeños propietarios podrán adquirir hasta cuatro viviendas en su municipio de residencia habitual —siempre que se destinen a alquiler con precios topados, a residencia propia o a familiares de hasta segundo grado—. Los grandes tenedores, en cambio, no podrán comprar pisos de forma individual y solo podrán adquirir edificios completos, con la obligación de destinarlos íntegramente a alquiler residencial regulado. El texto incluye salvaguardas para evitar la compra progresiva piso a piso de un mismo edificio con fines especulativos.

Las segundas residencias estarán permitidas fuera del municipio de residencia habitual, pero no podrán destinarse al alquiler. Quedan excluidas de estas restricciones las administraciones públicas y las entidades sociales que trabajen con vivienda protegida, siempre que los inmuebles se destinen a alquiler social o asequible. Los comuns subrayan que esta medida convierte a Cataluña en la primera comunidad autónoma con un instrumento legal para frenar de forma directa "la especulación inmobiliaria" de grandes tenedores y fondos de inversión.

Más ayudas al alquiler y requisitos más flexibles

La vivienda no se limita al freno de la especulación. El acuerdo eleva de forma sustancial las ayudas al alquiler, que pasarán de los 200 millones actuales a unos 300 millones de euros anuales, una de las principales exigencias de los comuns para desbloquear la negociación presupuestaria.

La ampliación permitirá incorporar hasta 50.000 hogares más cada año. Además, se relajan los requisitos económicos: el límite de ingresos para acceder a las ayudas sube desde los 25.200 euros actuales hasta alrededor de 36.000 euros anuales. También se actualizan los topes de alquiler subvencionable: hasta 1.135 euros mensuales en Barcelona y 855 euros en el resto de Cataluña. Las ayudas oscilarán entre 200 y 300 euros al mes, lo que, según los comuns, permitirá duplicar la cobertura potencial entre los inquilinos.

Nuevo impulso al traspaso de Rodalies

En materia de transporte público, el pacto incluye un nuevo avance en el traspaso de Rodalies. La Generalitat, a través de la empresa mixta del servicio, asumirá progresivamente más líneas además de la R1. Este mismo año se iniciará el proceso para el traspaso de la R3, la R2 Sud, la R4 Nord y la R16, con la línea del Maresme como modelo de referencia.

Además, Govern y comuns han acordado que la Generalitat asuma directamente la ejecución de obras en la red ferroviaria mediante encomiendas de gestión, un punto que conecta con el consorcio de inversiones que ERC negocia en Madrid y que, según fuentes del Ejecutivo central, avanza en paralelo.

Plan de choque contra el sinhogarismo

Otro de los acuerdos destacados es el despliegue de un plan de choque contra el sinhogarismo, dotado con al menos 30 millones de euros ya en 2026. El plan tendrá entidad propia y un presupuesto claramente delimitado desde el inicio, con el objetivo de reforzar las políticas sociales existentes.

La estrategia incluye más equipos de educadores sociales en la calle, la apertura de nuevos alojamientos de emergencia y el incremento de los pisos de inclusión social, que combinan vivienda con acompañamiento comunitario. Con este acuerdo, la Generalitat prácticamente duplicará los recursos que destina actualmente a la atención de personas sin hogar.

Cheques para jóvenes: menstruación y preservativos

El pacto incorpora también medidas en el ámbito de los derechos sociales y la salud. Se crean dos nuevos cheques públicos anuales de 25 euros: uno para productos menstruales, dirigido a chicas de entre 12 y 25 años, y otro para la compra de preservativos para jóvenes de entre 16 y 25 años. El coste total de estas medidas asciende a 25 millones de euros.

A ello se suma un cheque anual de 25 euros para jóvenes destinado a abonos mensuales de transporte y la concesión de 100.000 nuevas becas comedor durante los próximos dos cursos.