Turismo
Compromís alquila un apartamento turístico "cerrado" por Catalá y el Ayuntamiento dice que el inmueble es legal
Al parecer, el inmueble tuvo una orden de cierre en 2024
La portavoz de Compromís per València, Papi Robles ha comparecido esta mañana desde el interior de un apartamento turístico de la Malva-rosa que, según el gobierno municipal, forma parte de los “1.000 pisos ilegales que María José Catalá dice que ha cerrado”. La realidad, sin embargo, es otra: el piso sigue activo y puede reservarse sin ningún impedimento en plataformas como Booking, una situación que, según ha podido comprobar la formación valencianista, se repite en otras viviendas de uso turístico supuestamente clausuradas. Compromís ha reprochado a Catalá las declaraciones realizadas hoy mismo, en las que habla de una reducción del 14 por ciento de apartamentos “cuando la realidad demuestra todo lo contrario”.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Valencia han descalificado la "performance" de Robles y han explicado que el apartamento en cuestión en legal y que lka petición de licencia es del año 2022, "cuando gobernaba Compromís", por lo que, según las mismas fuentes, "no le afecta ni la moratoria". El Ayuntameinto ha explicado que "había una denuncia de una asociación de vecinos y esta mañana se les ha comunicado que el apartamento dispone de licencia y es legal".
Sin embargo, desde Comporomís mantiene que el apartamento consta en la lista de inmuebles cerrados por el gobierno de Catalá y que pese a ello, lo han alquilado como podría hacerlo cualquier turista, simplemente accediendo a una de las plataformas en las que se anuncia.
Según ha explicado Papi Robles, “estamos en uno de los apartamentos que Catalá dice que ha cerrado. Ni son 1.000, ni están cerrados. Es una operación de propaganda que no resiste la prueba de los hechos. La alcaldesa miente”.
La concejala valencianista ha explicado que Compromís solicitó el listado completo de los supuestos 1.000 apartamentos clausurados. El Ayuntamiento negó inicialmente el acceso a la información, pese a que la Mesa del Pleno y posteriormente el Síndic de Greuges instaron al gobierno a facilitarla. Finalmente, según ha relatado, el consistorio remitió un documento en formato PDF con las direcciones acumuladas y sin ninguna sistematización que facilitara su comprobación.
“Pero si pensaban que con un PDF farragoso nos conformaríamos, es que no conocen a Compromís”, ha señalado Robles. La coalición valencianista ha analizado el documento y asegura que el listado no alcanza los 1.000 casos anunciados, sino que se queda en poco más de 800. Además, muchas de las resoluciones no son órdenes de cierre, sino simples actas de inspección. “Su política es papel mojado: no protege al vecindario frente a los abusos, no hace cumplir la legalidad y siempre trabaja para favorecer a los especuladores, a quienes nos están expulsando de nuestros barrios”, ha afirmado Papi Robles.
Un piso con orden de cierre… y en funcionamiento
El caso hecho público hoy es especialmente significativo. El apartamento fue denunciado en abril de 2024 por la Policía Local y recibió una orden de cierre en mayo del mismo año. Pese a ello, en noviembre de 2024 fue dado de alta en el registro de la Generalitat como vivienda turística, en plena moratoria municipal. Y, dos años después, sigue funcionando con normalidad.
“Lo hemos podido alquilar sin ningún problema. Esto es lo que vive el vecindario cada día: anuncios de cierres que no se cumplen y pisos que siguen operando como si nada”, ha denunciado la portavoz del primer partido de la oposición. Robles ha recordado que Compromís ha presentado miles de denuncias de apartamentos ilegales a través de la web de la formación quenotetiren.com y que trasladó más de 5.000 direcciones al Ministerio de Consumo. “Llevamos años trabajando contra la especulación turística, mientras Catalá hace titulares”, ha señalado.
Para la coalición valencianista, este caso demuestra que ni la moratoria funciona ni las supuestas órdenes de cierre se están ejecutando de manera efectiva. “Ni se han limitado los cruceros, ni se ha frenado el incivismo turístico, ni se está poniendo freno a los apartamentos ilegales. Mucho anuncio y muy poca realidad”, ha concluido Robles. Compromís exige transparencia real, ejecución efectiva de las órdenes de cierre y un cambio de modelo que sitúe el derecho a la vivienda y la convivencia vecinal por encima de la propaganda y de los intereses especulativos.
