El Gobierno central paraliza la protección de las casas de Playa Babilonia de Guardamar

Desconcertados. Los vecinos de Playa Babilonia de Guardamar (Alicante) siguen sufriendo por si las casas tradicionales a pie de mar se derriban. Y, si hasta ahora, contaban con la protección de esas viviendas, decretada por la Generalitat por el alto valor etnológico de las construcciones, ahora han sufrido un revés por parte del Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite el recurso del Gobierno central contra la protección de las viviendas.

Tal y como explica al diario LA RAZÓN el presidente de la Asociación de Vecinos de Playa Babilonia, Manuel López, “las casas que ocupamos en la playa desde hace más de cien añospierden, al admitir el Tribunal Constitucional el recurso del Gobierno central, su protección, por lo que ahora estamos expuestos y no sabemos si se van a demoler. En su origen las casas estaban a cien metros de la costa, esa distancia se ha reducido”.

Según López, el foco debería ponerse en la erosión de la costa, “por falta de mantenimiento, en vez de en las casas”. Agrega que “las discrepancias entre el Estado y la Generalitat en cuanto a la protección de las viviendas nos perjudican; los vecinos, al fin y al cabo, sufrimos las consecuencias de una guerra política”.

Recurso de inconstitucionalidad

Hay que recordar que el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de España y ha suspendido la vigencia y aplicación de los apartado de la ley de protección y ordenación de la costa valenciana referidos a la figura de protección de las viviendas costeras tradicionales.

Se trata de un recurso que afecta a Playa Babilonia y a todos los núcleos urbanos de la costa de la Comunidad Valenciana, con la calificación de alto valor etnológico.

El Constitucional ha admitido el recurso de inconstitucional referido al artículo 17 y la disposición final primera de la norma valenciana, sobre los núcleos urbanos de especial valor etnológico, únicamente en lo que se refiere a los conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales.

Además de impugnar esos dos apartados, al considerar que incumplen la normativa estatal en materia de costas, el Gobierno de España ha recurrido también la disposición adicional cuarta de la Ley 3/2025, referida a Inventario de terrenos degradados incluidos en el dominio público marítimo terrestre.

Según ha informado el Tribunal en un comunicado, tras invocar el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de esos artículos y disposiciones desde la fecha de interposición del recurso (26 de febrero de 2026) para las partes del proceso, y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

En la demanda, el Gobierno sostiene que los preceptos impugnados podrían vulnerar la normativa básica estatal, en particular, los artículos 132, 149.1.1a y 149.1.23a de la Constitución Española, así como lo dispuesto en la disposición adicional undécima de la Ley 21/1988, de Costas.

También alega que serían contrarios a los principios constitucionales de separación de poderes, de reserva de jurisdicción e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, según un comunicado del Tribunal Constitucional.

El Gobierno y la Generalitat abrieron hace meses una comisión bilateral para intentar resolver las discrepancias sobre una veintena de artículos de la norma valenciana, en los que se ha llegado a un acuerdo en todo menos en lo que se refiere a los núcleos de valor etnológico, figura con la que el Consell quería proteger esas zonas para evitar los deslindes que amenazan esas construcciones.